La extracción ilegal de agua en España supuso, entre 2013 y 2017, al menos 77 millones de euros en daños al patrimonio natural, en concreto, al dominio público hidráulico.
Así lo revela una investigación de Greenpeace, que, ante la ausencia de información pública, ha elaborado un informe a través de los datos de las confederaciones hidrológicas. La falta de información detallada de todas las confederaciones solo ha permitido cuantificar daños económicos muy conservadores.
En España, el robo del agua va más allá de la existencia de pozos ilegales. Exceder la concesión autorizada o sustraer agua en épocas de restricción son otras vías habituales para extraer este recurso de manera ilegal.
Por confederaciones, la del Guadalquivir encabeza la lista de número de denuncias tramitadas por pozos ilegales, con 968 registradas en el periodo de la investigación, y con casos como el de Puebla del Río o Lucena del Puerto (Huelva), una localidad que en tan solo un expediente acumula 77 pozos ilegales. Le sigue la del Tajo (703), Ebro (608), Guadiana (583), Duero (385), Miño (114), Segura (113) y Cantábrico (0) -datos no disponibles del Júcar-. En cuanto al resto de extracciones ilegales, encabeza el ranking la Confederación Hidrográfica del Duero, con 1.305 denuncias tramitadas, y le siguen el Guadalquivir (974), Tajo (607), Guadiana (540), Miño (265), Júcar (147), Cantábrico (136) y Segura (109) -datos no disponibles del Ebro.
La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad. Un problema medioambiental que se ha revelado además, en el caso de los pozos ilegales, como una amenaza para la seguridad ciudadana.
Según Greenpeace, para evitar esta situación, es fundamental frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles como consecuencia de los efecto del cambio climático.
Por otro lado, es clave que se persiga el delito de robo de agua a través de una coordinación efectiva de las administraciones competentes, que prioricen esta situación con mayor dotación de medios y seguimiento tanto en vigilancia como en respuesta sancionadora.
