El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente presentó ayer en Madrid un informe -«Un oscuro panorama»- que le pone números a los malos humos del carbón de España, según informa Energías-renovables. El estudio ha evaluado «los efectos en la salud de las centrales térmicas de carbón en España durante 2014» y da dos datos espeluznantes: (1) el carbón causó ese año más de 700 muertes prematuras en España; y (2) los niños son «uno de los colectivos más vulnerables», con 10.521 nuevos episodios de asma detectados y 1.233 casos de bronquitis. Otro dato: más de la mitad de las centrales térmicas españolas que queman carbón para generar electricidad se concentra en Asturias y dos provincias limítrofes. Pues bien, según este informe, «si tenemos en cuenta la contaminación provocada por las partículas en suspensión (PM2,5), las probabilidades de que fallezca un habitante de Asturias son 6,1 veces más altas que las de un habitante de la Comunidad de Madrid».

«Un oscuro panorama» y una oscura administración
Todos los datos se refieren al ejercicio 2014. Porque cuando los autores del estudio comenzaron a trabajar, hace ya casi un año, en julio de 2016, el último dato consolidado de emisiones era el de ese año. La directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Ana Barreira, lo ha contado hoy, durante el acto de presentación del estudio: ha contado que la administración española no se da mucha prisa en actualizar ese dato, ha contado también que algunas autonomías son además muy reacias a facilitar información sobre emisiones y ha apuntado a continuación que países como China ponen a disposición de la ciudadanía sencillas aplicaciones informáticas que permiten a cualquiera que se interese obtener información sobre las emisiones en tiempo real. En España no. Aquí la información es más difícilmente accesible… o llega con retardo.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que es una organización acreditada ante la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, ha trabajado pues con las emisiones oficiales, las que aparecen en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes; ha utilizado un modelo matemático para simular la dispersión de esas emisiones (lo cual le ha permitido obtener las variaciones espacio-tiempo de las concentraciones de esos contaminantes); y, tras completar los resultados de esa simulación con datos demográficos y epidemiológicos, ha cuantificado los efectos de esas emisiones sobre la salud humana. ¿Objetivo último? «Estimar el impacto que han causado en la salud de los españoles las emisiones de gases contaminantes procedentes de las centrales térmicas de carbón en 2014 y sus costes sanitarios asociados».

¿Resultado?
Según el informe «Un oscuro panorama», en 2014, «las emisiones procedentes de la quema de carbón se pueden relacionar con 709 muertes prematuras, 459 altas hospitalarias por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 10.521 casos de síntomas de asma en niños asmáticos; 1.233 casos de bronquitis en niños y 387 casos de bronquitis crónica en adultos». Además, el Instituto estima que las emisiones procedentes de la quema del carbón fueron responsables de 747.686 días de actividad restringida y 163.326 días de trabajo perdido. Pérdida de horas de trabajo, ergo pérdidas económicas: de entre 880 y 1.667 millones de euros. En el año 2014, las centrales térmicas de carbón generaron el 16,5% de la electricidad que usó España (20,3% en 2015 y 13,7% en 2016). Ese año, las térmicas de carbón enviaron a la atmósfera 44.584 kilotoneladas de CO2, más (mucho más) que ninguna otra fuente de energía.

En España hay 15 centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad (10.004 megavatios de potencia en 2016). Endesa Generación es la empresa operadora con el parque generador más grande (5.167,8 megavatios, MW), por delante de Gas Natural Fenosa (1.909,3 MW) e Hidroeléctrica del Cantábrico-EDP España (1.244 megas). A continuación se sitúan Viesgo (869,9 MW), Iberdrola Generación (833,5 MW) y Hulleras del Norte SA (50 megas). Nueve de las 15 centrales se hallan en Asturias, Palencia y León. Dado el impacto que sobre la salud y el medio ambiente tienen las emisiones de estas centrales, la ley -Directiva europea de Emisiones Industriales- ha establecido ciertos valores límite, que entraron en vigor el 1 de enero de 2016. El Gobierno español sin embargo ha ideado una trampilla para saltarse esa directiva europea: la Autorización Ambiental Integrada.

La Autorización Ambiental Integrada (AAI) eleva el techo de las emisiones
Según el Instituto, hoy en día prácticamente todos los Valores Límite de Emisión fijados en las AAI de las centrales de carbón españolas se sitúan por encima de los dispuestos en la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), que entró en vigor el año pasado (año 2016). Es más: el informe revela que muchos de esos techos son hoy más altos que los Valores Límite de Emisiones que establecía la Directiva anterior (DGIC), que data del año 2001 (la Directiva de Emisiones Industriales -DEI 2016- es la sucesora de la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión -DGIC 2001-, y sus valores límite, como suele suceder siempre en estos casos, son más exigentes). Pues bien, según este informe, el Gobierno español, con sus autorizaciones AAI no solo no se sitúa bajo el techo de la Directiva del 16, sino que, en muchos casos, rompe incluso el techo de emisiones que establece la Directiva de 2001.

¿Conclusión?
La permisividad de las autoridades españolas parece que no tiene parangón en toda Europa. Algunos ejemplos son absolutamente sorprendentes: la directiva DGIC de 2001 establecía para la Central Térmica de Andorra (Teruel) un techo de 500 mg/Nm3 de óxidos de nitrógeno (NOx), mientras que la directiva DEI de 2016 bajaba ese techo, quince años después, a 200 mg/Nm3. Pues bien, la Autorización Ambiental Integrada que el Gobierno Español le ha firmado a Andorra eleva ese techo hasta los… 1.200 mg/Nm3, es decir, que sextuplica la contaminación legal, o sea, lo que puede emitir legalmente (en óxidos de nitrógeno) Andorra. En el caso de Compostilla… más que sextuplica. En el caso de la central de La Robla, más que septuplica. En el caso de Anllares, la Autorización eleva el límite DEI desde los 200 a los 1.750. ¿Resultado? En el sector de la generación de energía, las térmicas de carbón producen alrededor de tres cuartas partes de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), el 70% de los NOx y más del 90% de las partículas PM2,5.

¿Y cómo se traduce esa permisividad?
Los óxidos de nitrógeno (NOx) son en general muy reactivos y, al inhalarse, afectan al tracto respiratorio. El NO2 afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, disminuyendo la resistencia a las infecciones. Según el propio Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (Gobierno de España), «la inhalación en elevadas concentraciones y durante un corto periodo, puede originar un edema pulmonar cuyos efectos no se observan hasta pasadas unas horas, agravándose con el esfuerzo físico. Una exposición prolongada puede afectar al sistema inmune y al pulmón, dando lugar a una menor resistencia frente a infecciones y causar cambios irreversibles en el tejido pulmonar» (el NOx también es precursor de lluvia ácida).

Del dióxido de azufre (SO2)
Según el mismo Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, el SO2 «afecta sobre todo las mucosidades y los pulmones provocando ataques de tos. La exposición de altas concentraciones durante cortos períodos de tiempo -señala el Gobierno- puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis, reacciones asmáticas, espasmos reflejos, parada respiratoria y congestionar los conductos bronquiales de los asmáticos». Cuando el dióxido de azufre se combina con partículas ó con la humedad del aire, se forma ácido sulfúrico, que produce la denominada lluvia ácida. Según la Organización Mundial de la Salud -«Calidad del aire ambiente (exterior) y salud», septiembre de 2016-, «los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de dióxido de azufre son más elevados».

Partículas
El informe tambien señala los impactos que sobre la salud producen las partículas PM10 y PM2,5. Así, señala que «la exposición a largo plazo [a estas últimas, que son las más peligrosas] fomenta la progresión de enfermedades cardiovasculares en su conjunto y se ha relacionado con el incremento de la mortalidad total, si bien cabe destacar el incremento de la mortalidad cardio-respiratoria y la mortalidad por cáncer de pulmón. Así mismo -concluye-, se relaciona con enfermedades respiratorias». Más adelante, «Un oscuro panorama» concreta: «con respecto a las partículas y el NO2 [dióxido de nitrógeno], los mayores valores de concentración se encuentran en toda la zona de Asturias y el norte de Castilla y León» (territorio en el que se sitúan la mayoría de las centrales térmicas de carbón). «En el caso del SO2, la provincia de León es la que presenta las concentraciones medias anuales más elevadas».

Con respecto a patologías respiratorias infantiles
El informe ha cuantificado más de mil casos de «bronquitis en niños de entre 6 y 12 años» provocados por las partículas PM10. «Cabe subrayar -matiza el estudio- que puede existir una subestimación de los números de casos al haberse considerado un intervalo de edad de la población en riesgo muy limitado [6-12 años], que es el sugerido por la Organización Mundial de la Salud». El motivo de esa limitación -apuntan desde el Instituto- es que los estudios epidemiológicos usados para establecer el riesgo relativo de la prevalencia de bronquitis en niños asociado al PM10 han han querido garantizar que los adolescentes fumadores no fueran incluidos en el proceso. El estudio también ha registrado 10.521 casos de síntomas de asma en niños asmáticos de entre 5 y 19 años, «ya que existe una clara evidencia entre las exposiciones a corto plazo de PM10 y la aparición de episodios asmáticos».

La geografía del carbón
El informe del Instituto revela que Asturias, donde hay cinco centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad, es la comunidad que tiene el número más elevado de defunciones -6,97 por cada 100.000 habitantes en riesgo-, seguida de Castilla y León (3,41) y Galicia (3,08). Cantabria no cuenta con ninguna térmica de carbón, pero «presenta un valor elevado (3,44), ya que se ve considerablemente afectada por las emisiones procedentes de las centrales asturianas. El viento también le lleva el veneno que exhala la central térmica de Andorra, en Teruel, a su vecino, Castellón, «debido, principalmente, a que durante la mayor parte del año en la zona cercana al municipio de Andorra los vientos van en dirección sureste». De hecho -apunta el informe-, la tasa de incidencia en Castellón es de 3,19 por cada 100.000 habitantes, mayor que la de cualquiera de las provincias de Aragón.

Conclusiones
A la luz de toda la información recabada, el informe concluye que «las empresas energéticas no son las únicas responsables de estos impactos». Según el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, «las decisiones políticas y administrativas tomadas hasta este momento son también corresponsables, ya que autorizan a las Centrales Térmicas españolas a emitir por encima de los Valores Límite de Emisiones previstos en la normativa europea». En ese sentido, los autores del estudio consideran que el gobierno tiene «el deber de velar por la salud pública», es decir, por la salud de los vecinos de todas esas instalaciones y por la salud de la ciudadanía en general. Así, en sus Conclusiones, pide se adopten «medidas urgentes para reducir los niveles de contaminación atmosférica». Según el Instituto, «el cumplimiento de Valores Límite de Emisiones más estrictos conducirá a una disminución de las emisiones y, consecuentemente, de los impactos en la salud».

Los autores del informe también son críticos con la ausencia de transparencia administrativa. «Es importante subrayar -dicen- que no existen actualmente datos públicos que incluyan información acerca de las emisiones en tiempo real de las Centrales Térmicas, a pesar de que esto es posible». De hecho -continúan-, las Centrales Térmicas tienen la obligación de medir en continuo las concentraciones de NOx, SO2 y partículas en los gases residuales de combustión, al ser instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a los cien megavatios de potencia. En ese sentido, el Instituto también se muestra exigente: «en aras de favorecer la transparencia -dice-, deben hacerse públicos estos datos sin necesidad de solicitud previa». Y pone un ejemplo (que ya hemos citado antes): «algunos países ya facilitan este tipo de información a sus ciudadanos a través de aplicaciones informáticas, como es el caso de China».

Por fin, los autores presentan cuatro recomendaciones
1. Cierre de todas las centrales térmicas de carbón antes de 2025. El Instituto sugiere la elaboración de un Plan de Cierre Progresivo. «Gobiernos y empresas -dice- deben plantear medidas de transición justa para asegurar alternativas de empleo a las personas afectadas». En España hay menos de 3.000 mineros del carbón.

2. Las autoridades -nacional, autonómicas y locales- deben tomar «medidas urgentes para reducir los niveles de contaminación atmosférica cumpliendo con las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud». Los Valores Límite de Emisiones de la OMS son por cierto más exigentes que la normativa europea. Véase a continuación.

3. Las empresas deben costear la atención sanitaria de los afectados por sus actividades: «es necesario -dice el Instituto- que las empresas energéticas internalicen los costes externos asociados a la generación de electricidad a través de la quema de carbón, es decir, el impacto negativo que generan en la salud y el medio ambiente».

4. «Deben realizarse -concluye el informe- más inversiones en las energías renovables con el fin de incrementar la producción de electricidad a partir de estas fuentes». El artículo 45 de la Constitución Española dice que todos tenemos «el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona» y que los poderes públicos deben velar por la defensa del medio ambiente.

A continuación, las centrales térmicas de carbón de España

El estudio «Un oscuro panorama» es obra de la abogada ambiental Ana Barreira López, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente; el ingeniero ambiental Massimiliano Patierno; y la licenciada en Derecho y Ciencias Políticas Olaya Carlota Ruiz-Bautista.