El Ayuntamiento de Barcelona se ha unido al movimiento iniciado por la plataforma Aigua es Vida para presionar al Gobierno catalán para que cumpla con las resoluciones judiciales en torno a Aigües Ter Llobregat (ATLL) y anule el contrato de concesión del servicio que mantiene desde finales de 2012 con un consorcio liderado por Acciona.

La iniciativa se ha transformado en una moción que fue aprobada en la comisión de Ecología, Urbanismo y Mobilidad el pasado 12 de mayo que se dirige directamente a la Generalitat y a la Consejería de Territorio, encabezada por Josep Rull. Insta a ambos a “revisar los criterios judiciales que les han llevado a la conclusión de no rescindir el contrato en función de las irregularidades detectadas por la Oficina Antifraude de Cataluña”.

Resolución sin pagar daños y perjuicios

Tal y como avanzó Crónica Global, el informe de la institución presidida por Daniel de Alfonso daba la oportunidad de anular la concesión sin tener que abonar daños y perjuicios, por lo que las finanzas catalanas no habrían sufrido en exceso.

Solo deberían afrontar la devolución del primer canon de la concesión, de 298 millones, y los pagos anuales más las inversiones en obras, que ascienden como mucho a cinco millones según los cálculos que el exconsejero de Economia, Andreu Mas-Colell, planteó en una sesión parlamentaria el pasado 15 de julio.

La decisión final ha sido interponer una sanción de poco más de cuatro millones a Acciona. El dinero desviado por el presunto cruce de facturas, según Antifraude, alcanza los 12 millones.

Constitución empresa pública

Antes, o de forma paralela, a este trámite, deberían crear una nueva empresa pública para retomar la gestión del servicio o que reste “integrada en la Agencia Catalana del Agua de manera transitoria”, indica la moción.

Exige que se cumpla con la resolución de la Oarcc, el actual Tribunal de Contratos del Sector Público, del 2 de enero de 2013, las seis sentencias del TSJC y el Tribunal Supremo que rechazan mantener a Acciona al frente del servicio como medida cautelar y la del Alto Tribunal catalán en la que decidía anular toda la concesión por los problemas en los pliegos de condiciones.

Decisión judicial

La sala de lo contencioso-administrativo consideró que habían habido incongruencias que suponían la vulneración de los principios de igualdad y libre concurrencia de los licitantes, algo que se estudia en el Supremo tras el enésimo recurso presentado por la Generalitat y Acciona de forma paralela.

La moción aprobada en Barcelona exige que la Administración retire el recurso de casación y que haga “público el calendario de la recuperación de la gestión pública de ATLL”, además de difundir el proceso.

Garantías de futuro

Finalmente, el escrito pide al Paralment y al Ejecutivo de Carles Puigdemont que determine “los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua en alta [el servicio que realiza ATLL] como bienes comunes y como un servicio que atiende un derecho humano esencial para la vida”. Es decir, que lo blinde de cualquier privatización futura.

Aigua es Vida ha movido la misma moción en el resto de municipios a los que llega agua de la red de ATLL para que también se sumen al proceso. Es decir, a los ayuntamientos que representan los intereses de 4,9 millones de catalanes.

El paso de Colau y su equipo es importante para que la iniciativa llegue a buen puerto aunque no sorprende. Eloi Badia, concejal de BComú, es el principal impulsor de la plataforma.

Fuente y fotografía: Crónica Global