La ONG Greenpeace piensa que es prioritario que los acuíferos estén en buen estado y se regeneren las aguas residuales. Por eso apuesta por cerrar el más de millón de pozos ilegales que se encuentran por toda España. De este modo podría asegurarse el abastecimiento y el riego en situaciones de sequía, como en el que nos encontramos actualmente.

Los embalses apenas rebasan el 37% de su capacidad. Greenpeace defiende que es de vital importancia parar el continuo robo de caudales que provocan el millón de pozos ilegales reconocidos en 2017. Pues lo único que se consigue con ellos es agravar la sequía.

La organización presentó ayer un estudio “Sequía. Algo más que falta de lluvia” en el que detallaban las continuas extracciones ilegales de agua en zonas emblemáticas del territorio español, como son la cuenca del Segura o el acuífero de Madrid.

El responsable de la campaña de Aguas de la ONG, Julio Barea, explicó que esas aguas subterráneas son “la reserva del futuro” existentes en los periodos de sequía. “Actualmente no existe ningún control sobre esos pozos, por lo que el panorama de escasez y gestión de agua en España resulta desolador”, añadió.

Según la organización, el Ministerio de Agricultura y Alimentación, Pesca y Medio Ambiente muestra una “desidia total” en la gestión de dichos pozos ya que en 2006 el Ministerio reconocía más de 500.000 pozos diseminados por toda España de los que se extraían ilegalmente unos 3.600 hectómetros cúbicos de agua al año.

A fecha de hoy la situación es aún más grave, pues el Ministerio reconoce que pueden existir en 2017 más de un millón de pozo ilegales, aunque “no da datos y cifras oficiales para no alarmar a la población”. Barea subraya que “si los pozos estuvieran más controlados y los robos se sancionaran se podría cuantificar de manera formal el agua que se pierde y abordar así el problema”.