En México, cerca del 80% de los bosques se encuentran en territorios de propiedad social, es decir pertenecen a ejidatarios y comuneros, según informa Ecoosfera. Once millones de personas habitan estos bosques y dependen en buena medida de sus recursos para subsistir. Bajo el modelo de manejo forestal comunitario, han demostrado ser inmejorables agentes de conservación de estas tierras. Sin embargo, existe una iniciativa de reforma a la Ley Forestal que fue elaborada sin tomar en cuenta las opinión de estas comunidades.
Esto último resulta paradójico, y poco ético, ya que desestima el derecho de estos grupos a participar e incidir en la elaboración de una reforma que afectará directamente sus tierras y recursos. El dictamen de ley propuesto por el Partido Verde Ecologista de México, agrupación con gran desprestigio en el sector ambiental del país, fue aprobado en la Cámara de Diputados y desde hace unas semanas se encuentra a la espera de que los Senadores lo ratifiquen o no.
Ante la posibilidad de que se apruebe dicha reforma, comunidades, agrupaciones campesinas, organizaciones civiles y académicos, demandan enfáticamente que se abra una consulta para, de forma enmendar deficiencias significativas de la iniciativa, entre ellas: falta de reconocimiento a los derechos de las comunidades para incidir en la nueva legislación, poca transparencia en el manejo de recursos, concentración de facultades en un solo órgano y falta de promoción del manejo forestal comunitario.
Ante la exigencia de aplazar la aprobación de esta reforma y abrir el proceso a una consulta incluyente, postura incluso respaldada mediante la firma de más de 30,000 ciudadanos, diversos intereses se han movilizado para atacar a las organizaciones involucradas en dicha demanda. Lo anterior a pesar de que precisamente estas organizaciones, que gozan de prestigio en el sector y colaboran con cientos de comunidades, exigen mayor transparencia en el manejo de recursos y se han manifestado reiteradamente a favor de una reforma a la ley forestal, pero diseñada de forma incluyente y priorizando los derechos de las comunidades.
Este miércoles 27 de abril productores forestales convocaron a medios para reafirmar su solicitud de una consulta que permita lograr una mejor ley forestal. René Gómez Orantes, de la red de silvicultores de Chiapas, Bosques y Gobernanza, afirmó:
Las políticas y las omisiones del gobierno las sufrimos nosotros. Los gobiernos están 3 o 6 años, pero nosotros seguimos aquí. La política forestal debe promover el desarrollo rural. Este tema debe analizarse bien, discutirse bien, consideramos que hay que construir una ley de largo aliento, sólida, justa y ampliamente consensada y no sólo una ley para un gobierno que ya concluyó.
Por su lado, Maximino Rivera Mota, quien representa a 16 ejidos de la Sierra Norte de Puebla, externó:
Humildemente pedimos que nos tomen más en cuenta. El cambio de la ley tenemos que saberlo para trabajar mejor, saber los temas de los cambios, para consultarlos. A fin de cuentas, los campesinos somos los que acatamos las leyes. Pedimos que consideren este punto. Llamamos a hacer foros sobre este cambio de ley forestal para que estén enterados los ejidos de lo que está pasando, lo que va a pasar.
Por fortuna varios Senadores se han convencido de la necesidad de abrir una consulta y, a pesar de los intereses que persiguen una aprobación expedita e irresponsable, existen buenas posibilidades de que la votación se aplace y se abra una discusión para lograr una mucho mejor ley –lo cual se confirmará los últimos días de abril–. En caso de que esto ocurra, y de que se lleve a cabo una consulta incluyente y efectiva, México podría presumir en unos meses una ley forestal integral, efectiva y que encause la conservación de los bosques, el desarrollo de sus comunidades y el crecimiento productivo de este sector.
