«Necesitamos su ayuda para que España cumpla sus obligaciones con la Unión Europea». Lo ha pedido la Plataforma por la Defensa del Ebro, en boca de Susanna Abella, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Las críticas al Plan Hidrológico del Ebro han llevado a este colectivo a recurrir a instancias comunitarias, como ya hizo en el año 2000 para evitar el trasvase del Ebro. «Ahora no se habla de trasvase [llevar agua de un río a otro] pero sí se fijan condiciones para que haya intercambios de derechos, que es algo más retorcido», explica Abella a este medio. Estos derechos son sobre el uso del agua para regadíos.

Su alegato no ha caído en saco roto. «La Comisión Europea comparte muchas de las preocupaciones mostradas, que son aplicables a todas las cuencas», respondió la representante del órgano de gobierno de la institución, Lourdes Alvarellos. La claridad y contundencia de la exposición de la técnica comunitaria sorprendió tanto a los europarlamentarios españoles como a los propios activistas.

A la espera de que la Dirección de Medioambiente de la Comisión haga públicos los resultados de sus análisis sobre los planes hidrológicos del Gobierno, la UE no esconde su disconformidad con los planes presentados por el Estado español. No le convencen ni los sistemas de monitoreo y seguimiento,ni de evaluación del estado ecológico de las aguas y ni la apuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy por las infraestructuras hídricas. Y así lo demostró Alvarellos en el Parlamento, sin querer profundizar pero sin llevar a engaño.

Ninguna de estas cuatro cuestiones se adapta a la Directiva Marco de Aguas (DMA) de la UE, tal y como comunicó la Comisión al Gobierno en la reunión que mantuvieron el pasado mes de noviembre. «La UE se ha posicionado fuertemente en contra y el Ministerio ya ha alertado a las Confederaciones Hidrográficas de que los planes presentados no son lo que pide Europa. Nos hemos visto respaldados por la Comisión», afirma la portavoz de la Plataforma por la Defensa del Ebro.

La sesión de la semana pasada no fue la primera vez que la Comisión se muestra crítica con las políticas de agua del actual Gobierno. Ya el pasado verano, otro técnico comunitario calificó de «chocantes» algunas decisiones gubernamentales. Mientras llega el veredicto final, a más tardar el 23 de marzo, la experta de la UE ha explicado que «hay numerosas nuevas infraestructuras, especialmente presas, que tienen mucho impacto y no hay una justificación adecuada» para su construcción; también adelantó que existen «muchas masas de agua sin objetivo [ecológico] definido, y [así] es muy difícil asegurar que van tener un buen estado de conservación», tal y como exige la directiva europea.

Temor a una nueva versión del trasvase del Ebro

Más allá de las cuestiones técnicas de adaptación a la directiva y más allá también de la extensión del regadío y de la construcción de nuevos embalses y presas, desde la Plataforma por la Defensa del Ebro temen un nuevo «trasvase», como el anunciado en su día por el Plan Hidrológico del Gobierno de José María Aznar, que finalmente se paralizó por el rechazo ciudadano.

Según Abella, los planes de hídricos determinan que en algunas cuencas sobra agua mientras que en otras falta, como en las del Júcar y el Segura, y que «el próximo Plan Hidrológico Nacional será el desencadenante de la venta del agua entre usuarios de diferentes cuencas porque el Gobierno ya ha modificado leyes. Será la nueva versión del trasvase del Ebro».

Desde este colectivo también insisten en la desprotección del Delta del Ebro que, según la DMA, «debería haber tenido fijados unos objetivos ambientales, pero no se establecen a pesar de ser zona muy estudiada». Denuncian asimismo que «esto no es casual, está ligado a la ambición desmesurada por el control de los derechos del agua y a la especulación o el negocio que se pueden hacer con ellos».

La voz del Ebro seguirá resonando en Europa. La Comisión de Peticiones, que ha dejado abierta la denuncia, no descarta una misión de investigación para conocerin situ la situación del río y de su delta, pero va a esperar a tener los informes de evaluación de la Comisión.

Riesgo de que las Tablas de Daimiel se sequen

Tampoco se ha cerrado la queja sobre la situación del Alto Guadiana, concretamente sobre las Tablas de Daimiel. En este caso se denuncia el mal estado de siete de las ocho masas de agua subterráneas y la disolución de un Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana, entre otros factores.

De nuevo Lourdes Alvarellos fue la portavoz de la Comisión. Afirmó que «no hay vulneración de la legislación europea, pero hay que vigilar que los objetivos de la Directiva se cumplen», se mostró preocupada por «la sobreextracción de los recursos» y pidió que se aplique el «principio de cautela». Las personas instigadoras de la queja han anunciado el envío de nuevos argumentos y pruebas a la Comisión de Peticiones.

Para los defensores de las Tablas de Daimiel y el Alto Guadiana lo preocupante es la «inacción», tanto del Ejecutivo central como de la Comunidad de Castilla-La Mancha. «El consorcio era un órgano pionero en la gestión de agua que contaba con el acuerdo de la Administración central y autonómica. Era una herramienta justificada y necesaria, pero con el nuevo Gobierno todo esto se ha acabado. Habíamos convencido al sector agrario, se logró la unanimidad tras una gran negociación, y ahora dicen que no sirve para nada. La gestión está siendo nefasta», expone a este medio una persona muy conocedora de la situación de este espacio natural que prefiere mantener el anonimato. «Es cierto que ha habido una recuperación de los acuíferos debido a la pluviometría, pero en cuanto venga un ciclo seco a ver qué pasa», lamenta.

Desde Izquierda Unida de Castilla la Mancha insisten en la «sobreexplotación bestial» e indican que el plan de cuenca reconoce «más derechos de agua de lo que el acuífero puede recuperarse». Más pozos de regadío de los que los depósitos naturales aguantan. La responsable de medio ambiente de la formación, Rosa Prieto, explica que esta situación también se repite en el Júcar: «No han recortan los derechos del agua para ajustarse a la que hay y luego a ver de dónde viene el agua. Me preocupa que en Europa pase lo mismo que en España, que se incumplen las leyes, pero luego éstas se cambian como a ellos les interese». Por su parte la europarlamentaria del PP Rosa Estaràs criticó los prejuicios y aseguró que confía en un acuerdo con el Gobierno español.

El Tajo, excluido

La situación del río Tajo no tuvo hueco en el Parlamento Europeo, a pesar de que la queja es la más añeja. «La ocasión anterior conseguimos que se abordara porque el parlamentario de IU Willy Meyer era el vicepresidente de la mesa y lo pudo meter. Ahora es una parlamentaria del PP, Rosa Estarrás, quien ocupa el cargo y, a pesar de todos los intentos y justificaciones, han alegado problemas de agenda», explica Rosa Prieto.

Miguel Ángel Sánchez, uno de los portavoces de la Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche, es mucho más tajante y explícito: «El PP no quiere que se hable del Tajo porque es indefendible. Hay órdenes para que no se debata al respecto». Como en el caso del Ebro, también está recurrido el plan hidrológico al Tribunal Supremo. Además, desde los colectivos sociales en defensa de los ríos esperan que los informes de la Comisión Europea sean contundentes con la postura del Ejecutivo español, como se ha dejado entrever.

Sánchez recuerda que en el caso del Tajo no se han establecidos caudales ecológicos como exige la DMA («sólo se ha legalizado lo que sobra»), que más del 70% del agua de cabecera del río se trasvasa, y que «ahora mismo se está trasvasando en una semana lo que consumen Toledo o Talavera en un año y medio». Según Abella, «para la Administración española los ríos no tienen peces ni bosques de ribera, son simplemente un canal». La Comisión Europea tiene la última palabra.

Fuente y fotografía: El Diario