El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para la revisión de los planes hidrológicos sobre las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar. Asimismo ha sido aprobada la revisión de los de la parte española del Cantábrico oriental, del Miño, Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo.

El ejecutivo también ha aprobado otro Real Decreto sobre las demarcaciones hidrográficas de competencia autonómica en Galicia costa y las cuencas mediterráneas andaluzas del Guadalate, Barbate, Tinto, Odiel y Piedras.

De esta forma, se cierra el segundo ciclo de planificación hidrológica efectuado por el Gobierno, correspondiente al periodo 2016-2021, de acuerdo con la directiva marco del Agua de la Unión Europea, según confirmaron las mismas fuentes. Estos planes han sido avalados previamente por el Consejo Nacional del Agua.

España cuenta con un total de 25 demarcaciones hidrológicas, de las cuales 12 son de competencia nacional -al ser su ámbito de influencia de más de una comunidad autónoma- y 13 son de competencia autonómica -al circunscribirse a una única región-.

Las revisiones aprobadas hoy por el Gobierno afectan a 16 planes, una docena elaborados por la administración general del Estado y otros cuatro desarrollados por la autonómica, que se aplicarán durante el período 2016-2021.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha calificado estos planes de «absolutamente fundamentales» al considerarlos «el instrumento más importante para la gestión del agua» además de para la protección de los propios cursos fluviales «algo especialmente importante en un país como España».

La UE obliga a aprobar un plan para cada demarcación hidrográfica de un país miembro en períodos de 6 años, pero el correspondiente a 2009-2015 no fue desarrollado. «A finales de 2011 no había ninguno aprobado, por lo que este Gobierno tomó como prioridad sacar adelante el primer ciclo y, una vez aprobado, hicimos un enorme esfuerzo para ponernos al día», ha dicho García Tejerina.

Cada uno de los planes contiene una memoria -con asignaciones de cuenca y reservas para futuras demandas-, un apartado de normativa jurídica y un programa de medidas para atender «necesidades de todo tipo» desde la construcción de embalses hasta normativa de saneamiento o iniciativas para paliar «episodios climatológicos extremos» como sequías o inundaciones.

En el caso de los planes de competencia estatal, se detallan más de diez mil medidas que exigirán una inversión de 15.000 millones de euros, mientras que los intracomunitarios fijan inversiones por valor de otros 2.500 millones.

La nueva normativa también incluye mejoras medioambientales para conservar y proteger los ecosistemas vinculados a los ríos, como el incremento de los caudales ecológicos -flujos necesarios de agua que deben contener los ríos para impedir su deterioro-, que en el primer ciclo se fijaron en 2.500 tramos fluviales y en esta revisión suman otros 750, con lo que ya suman 3.250.

Para incrementar la calidad de las aguas, se garantiza además una inversión por importe superior a los 1.100 millones de euros en saneamiento y depuración.

García Tejerina ha insistido además en la creación de las reservas fluviales, una nueva figura de protección medioambiental que preservará los tramos de los ríos en buen estado ecológico.

Según la ministra, el consenso ha sido «amplísimo» en el Consejo Nacional del Agua, principal órgano consultivo del Estado en esta materia, con representación de las comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones profesionales, económicas y sociales, organizaciones ecologistas y usuarios del agua. No obstante, comunidades como Castilla-La Mancha ya ha anunciado que recurrirá los planes aprobados por el Ejecutivo para los ríos Tajo, Segura, Júcar y Guadiana. Asimismo, la organización SEO/BirdLife ha denunciado que los planes aprobados incumplen la normativa europea, que obliga a integrar las directivas de conservación en las políticas de agua.

La nueva directiva de agua europea, en base a la cual se hacen estos planes, marca que los objetivos de los mismos sean «ambientales», es decir, deben hacer un análisis de las masas de aguas y proponer medidas para mejorar el estado ambiental de las mismas, argumenta la ONG, que denuncia que sin embargo existe «una total desconexión» entre los planes aprobados por el Gobierno y el estado ambiental de esas masas de agua, para los que apenas se recogen medidas de mejora en un anexo, asegura el portavoz de agua de SEO/BirdLife.

Los planes se han presentado con dos semanas de retraso y con una visión del agua «como un recurso comercial en lugar de como un recurso a proteger como marca la directiva, critican desde SEO/ BirdLife.

Manifestación en defensa del Ebro

Ante las medidas aprobadas, la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) ha convocado una concentración ciudadana a modo de protesta este viernes a las 19.30 horas en la Plaza del Carrilet de Tortosa, en Tarragona.

Además, el día 7 de febrero tienen previsto hacer una manifestación en el municipio de Amposta para mostrar su rechazo hacia este plan, y el día siguiente está prevista una visita de un grupo de eurodiputados en el Delta. Esta visita, según la plataforma, se hará para que conozcan in situ el lugar que quedaría más afectado si se aprueba el plan del Gobierno.

«Tenemos que volver a demostrar que la gente de las Tierras del Ebro están en contra de un plan que sólo tiene en cuenta los beneficios económicos de unos pocos en detrimento de todo un territorio y su gente», zanja la PDE.

Fuente y fotografía: Público