La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anula el desvío del barranco de Barenys y paraliza el desarrollo del sector 03 ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento de Salou. Aún no ha decido su reacción. Contempla presentar un recurso ante el Tribunal Supremo o rehacer el proyecto y empezar de cero. La próxima semana anunciará sus intenciones. El fallo del TSJC sotiene que el nuevo trazado previsto por el consistorio sostiene el visto bueno de la Generalitat– no acabaría del todo con los problemas de las inundaciones, por lo que una posible solución sería ampliar el cauce del barranco.

El caudal de desagüe previsto en el nuevo trazado es Q200, es decir, de 196 metros cúbicos por segundo. «Podríamos ampliarlo a Q500», explicó ayer el alcalde, Pere Granados, en rueda de prensa. Duplicarlo supondría también doblar los costes del proyecto: de los 16,2 millones de euros actuales pasaría a más de 30 millones. «Los financiaría íntegramente la Generalitat de Catalunya», apuntó el edil.

Para llevar a cabo esta medida, el Ayuntamiento debería aprobar otro plan urbanístico. Vuelta a empezar. ?«Implicaría también la expropiación de cuatro edificios más en el último tramo (cerca de la desembocadura)», apuntó Granados. El resto de propietarios también saldría perdiendo –dijo–, puesto que si se amplía el cauce tendrán que ceder más terreno de sus fincas.

Lo que está claro es que el proyecto sufrirá un nuevo retraso. Pude ir para largo. «Ahora está todo en stand by», reconoció Granados. Las expropiaciones aprobadas por el consistorio en octubre han quedado paradas –ningún propietario ha cobrado aún–. También la adjudicación de las obras, cuyo inicio estaba previsto para después del verano de 2016. Esta sentencia «nos para durante un tiempo el desarrollo del sector 03» y demora «la solución al problema de inundaciones en el barrio de La Salut», apuntó.

Granados subrayó que la voluntad del Ayuntamiento es seguir adelante con el desvío del barranco de Barenys, por lo que «buscaremos las alternativas y soluciones que haga falta». Recordó que en la propuesta inicial, de 2003 (con Esteve Ferran de alcalde), «ya se hablaba de la Q500» pero en 2008 el entonces gobierno de Salou, encabezado por el alcalde socialista Antonio Banyeres, firmó un convenio con la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que fijaba un caudal Q200.

La sentencia del TSJC parte de un recurso interpuesto en 2012 por dieciséis propietarios de terrenos afectados por el nuevo trazado del barranco. Lo interpusieron porque no estaban de acuerdo con tener que pagar una parte del proyecto. A pesar de que la Generalitat se comprometió a financiarlo íntegramente en 2014, siguieron adelante con el litigio. El tribunal les da la razón y, además, aporta unos informes periciales, elaborados por un arquitecto, que indican que sigue habiendo riesgo de inundaciones y falta un estudio arqueológico.

Fruto de esto, anula también el plan parcial urbanístico del sector 03 Les Pomeres-Barenys, donde, además del paso del barranco, está prevista la construcción de ocho hoteles, una ciudad deportiva municipal y una zona con industria escaparate, un parque de oficinas para profesionales y empresas y un centro de negocios turísticos. Ahora todo ha quedado en el aire.

Fuentes de la Generalitat de Catalunya señalan que su departamento jurídico también está analizando la sentencia del TSJC para plantear un posible recurso.

Fuente y fotografía: Diari de Tarragona