Abengoa prevé cerrar esta semana su plan de viabilidad, en el que recogerá sus iniciativas para rentabilizar el negocio, cuando ha consumido casi la mitad del plazo de cuatro meses para evitar el concurso de acreedores.
Este plan, que el grupo sevillano espera elevar al consejo de administración la última semana de enero, servirá de base a KPMG, que actúa de asesora de la banca en este proceso, para elaborar una estrategia más general que asegure el futuro de la compañía.
La banca acreedora considera este plan el punto de partida de cualquier iniciativa respecto a Abengoa, ya que les permitirá conocer, casi dos meses después de presentarse el preconcurso, el detalle de su situación.
Por una parte facilitará la tarea de “desenmarañar” un ovillo de más de 700 sociedades en unos 80 países, con sus correspondientes cifras de negocio y deuda, que en estos momentos no están claras.
Y por otra, el plan identificará cada proyecto de la compañía, con su nivel de financiación y perspectivas, lo que permitirá diferenciar entre las iniciativas que, con un poco de ayuda, serán rentables, de las consideradas inviables.
Precisamente las necesidades de capital del grupo son el asunto más espinoso de las negociaciones. Tras desbloquear una primera inyección de liquidez en diciembre para atender pagos urgentes, la banca se muestra ahora reacia a aportar más fondos.
Así, apuntan en primer lugar a la pertinencia de que Abengoa ponga en marcha el plan de desinversiones de 1.200 millones de euros planteado en su plan estratégico del verano del pasado año, meses antes del preconcurso.
En ese sentido, el grupo ya ha colgado el cartel de “se vende” en algunos de sus inmuebles en Madrid y Sevilla, considerados activos no estratégicos.
De no cubrirse las necesidades de liquidez con estas desinversiones, la banca acreedora plantea la posibilidad de que sean los bonistas u otras entidades bancarias quienes aporten los fondos, si bien no descarta la vía de conceder nuevos créditos.
Una vez que se conozca el plan, KPMG revisará las cifras y elaborará una estrategia global que podría pasar por un calendario de desinversiones, una reestructuración de la deuda e incluso el concurso de acreedores, así como una combinación de estas vías.
Abengoa solicitó el preconcurso de acreedores el 25 de noviembre del año pasado, asfixiada por una deuda financiera de 8.000 millones de euros y unos pagos pendientes a proveedores de 5.000 millones. De llegar al concurso, protagonizaría la mayor insolvencia de la historia de España.
La compañía suma 7.000 trabajadores en España y, aunque se ha comprometido a mantener el empleo indefinido, esta semana ha reconocido a los sindicatos que desde la presentación del preconcurso se han perdido unos 500 puestos de trabajo mediante la no renovación de contratos temporales.
En paralelo al proceso de reestructuración empresarial, el expresidente de la compañía Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega se enfrentan a un proceso judicial por administración desleal, tras la querella presentada por dos bonistas ante la Audiencia Nacional.
Esta semana, la Audiencia ha decidido no admitir como fianza las pólizas de seguro consignadas por ambos directivos, por lo que Benjumea y Sánchez Ortega tendrán que depositar 11,5 y 4,5 millones de euros, respectivamente, una cantidad equivalente a la indemnización cobrada por su salida de la compañía.
Fuente: Cinco Días