La sobreexplotación del acuífero, los proyectos gasísticos y mineros o el dragado del Guadalquivir amenazan el Espacio Natural de Doñana. Según denuncia la organización WWF, el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía no están cumpliendo las recomendaciones de UNESCO.

Para WWF, las exigencias del organismo no sólo se han incumplido, sino que España ha transmitido únicamente declaraciones de intenciones que podrían cambiar en vista de los nuevos escenarios políticos posibles. Proyectos como el dragado del Guadalquivir o el almacenamiento de gas en Doñana no se han cancelado formalmente, por lo que podrían ejecutarse a pesar de que se haya transmitido a UNESCO lo contrario.

En relación al dragado del Guadalquivir, aunque España ha declarado ante la UNESCO que no se llevará a cabo el proyecto y que lo excluirá del próximo Plan Hidrológico del Guadalquivir, se opone sin embargo a retirarlo del Plan vigente, que ha sido recurrido por WWF ante el Tribunal Supremo.

Los escritos de oposición del Ministerio de Transición Ecológica y la Autoridad Portuaria, coetáneos a los informes enviados a la UNESCO en 2017 por España, defienden el dragado y su inclusión en el actual Plan Hidrológico, lo cual es totalmente contrario a lo afirmado ante el organismo internacional en Cracovia, donde tuvo lugar la última reunión del Comité de Patrimonio de la Humanidad.

Para WWF, si España quiere demostrar que no va realizar el dragado del Guadalquivir, debe llevar a cabo acciones verificables desde el punto de vista legal, como anular el proyecto de dragado mediante la correspondiente resolución administrativa.

En relación a la gestión del agua y la situación del acuífero, el Parque Nacional de Doñana, patrimonio de la humanidad y humedal de importancia internacional, lleva décadas soportando la proliferación de cientos de pozos ilegales y hectáreas regadas sin permiso que le están llevando al colapso. Esta sobreexplotación se refleja en la evidente falta de agua en los ríos y arroyos que nutren al Espacio Natural, deteriorando el acuífero que tardará décadas en recuperarse.

Hay que destacar que actualmente el acuífero está en peor estado que durante la gran sequía de 1995: más del 80% de los sectores están en parecida o peor situación que hace 24 años. Para intentar paliar esta situación, el Gobierno andaluz aprobó en 2014 un plan de ordenación (Plan Especial de la Corona Forestal) que, entre otras medidas, abogaba por la gobernanza en la zona, con el cierre de captaciones y fincas ilegales.