El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, en su calidad de presidente del Instituto Aragonés del Agua (IAA), a iniciar los procedimientos para la renuncia a la celebración de contratos de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción y explotación de las actuaciones incluidas en las zonas 10-B y 10-C del Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón.
En estas zonas se encuentran los municipios de Castelserás, Mas de las Matas, La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Castellote y Valdealgorfa (10-B) y Maella, Calaceite, Mazaleón y Nonaspe (10-C), cuyas depuradoras serán proyectadas y ejecutadas con recursos propios de la Administración y no mediante la fórmula de concesión de obra pública para la redacción de los proyectos, la construcción y la explotación de las depuradoras.
Este sistema de concesión se adoptó tras el establecimiento del plan de depuración en 2004, pero se reveló ineficaz tras el inicio de la crisis económica y las consecuentes dificultades para encontrar financiación por parte de las empresas contratistas y de la propia Administración. Al mismo tiempo concitó una importante contestación social en numerosos municipios aragoneses.
En la denominada Zona 10, y como consecuencia de las circunstancias señaladas, el concesionario redactó y entregó la totalidad de los proyectos constructivos pero no ejecutó ninguna obra, por lo que en septiembre de 2012 se rescindió el contrato con él. Posteriormente, y con el objetivo de optimizar la construcción y la explotación de las depuradoras, esta zona se dividió en tres segmentos: 10-A, 10-B y 10-C. La primera en adjudicarse fue el área 10-A (año 2013) cuyas obras se encuentran en ejecución.
El actual Gobierno de Aragón, de acuerdo con el pacto de investidura, decidió replantear el procedimiento de contratación en marcha e iniciar un análisis de situación previo a la toma de decisiones, para priorizar los proyectos y la ejecución de los mismos en función de su necesidad, de la disponibilidad presupuestaria y asegurando la necesaria participación ciudadana a través del procedimiento de revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD). En consecuencia, renunció al procedimiento de adjudicación iniciado por el anterior gobierno para la concesión de las obras de depuración correspondientes a las zonas10-B y 10-C.
Según el acuerdo adoptado el pasado 29 de diciembre, el Consejo de Gobierno establece que “se estudie con mayor detalle la situación en cada municipio y se arbitren las fórmulas más ajustadas a la realidad poblacional, física y económica de los problemas que estamos obligados a resolver desde nuestro ámbito de competencia”.
Fuente y fotografía: Retema
