El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado martes el proyecto de Ley sobre el Cambio Climático que, entre otras medidas, contempla sanciones de hasta 60.000 euros a las empresas que no reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las compañías multadas tampoco podrán beneficiarse de subvenciones, ayudas o concurso público, tal como ha explicado el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.

El texto que se remitirá al Parlamento tiene como objetivo la reducción del 18% de las emisiones en 2030, con respecto a las de 2005. Una cifra que se alcanzaría, según los legisladores, obligando a más de 621 empresas y Administraciones  a presentar planes de reducción de emisiones. Quedaría fuera de esta legislación, la industria por estar sujeta a otro tipo de régimen.

El consejero ha explicado que la mayoría de las empresas ya cuentan con un plan y que “las sanciones, para nada, son la principal vocación de la normativa”. El texto recoge faltas leves (multas de hasta 3.000 euros) y graves (multas entre 3.000 y 60.000 euros) y contempla que los municipios con más de 50.000 habitantes deben elaborar programas de cambio climático e incorporarlas a la planificación local.

La norma estará dirigida a las denominadas “emisiones difusas” que suponen el 55% de la contaminación vinculada al cambio climático y que no están sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Además, Fiscal confirma que los objetivos de reducción de emisiones se adaptarán cada seis años en función de los acuerdos y los datos que se obtengan.