Al menos unos 733 mil habitantes de Santiago de Chile, la capital del país sudamericano, se han quedado sin agua potable desde esta madrugada de viernes, tal y como informa El País. En la cuarta emergencia de este tipo que se registra en los últimos cuatro años, la empresa Aguas Andinas anunció que a causa de las últimas lluvias debió paralizar su producción debido a las turbiedades del río Maipo, que abastece a una inmensa parte de la ciudad. A menos de dos meses de una emergencia similar, que afectó a cinco millones de capitalinos a fines de febrero durante unas 50 horas, los nuevos cortes perjudican a 25 municipios.

Como las clases se han suspendido en las zonas afectadas, la cotidianidad de Santiago se ve trastocada abruptamente. En un país que presume de su desarrollo y forma parte de la OCDE, en este tipo de situaciones la capital se transforma en un lugar de emergencia donde sus habitantes deben ingeniárselas para intentar algo de normalidad. Los padres y madres se las rebuscan para buscar cuidadores para sus hijos y salir a trabajar, la gente junta agua en sus hogares para satisfacer las necesidades básicas mientras se prolongue el corte cuya duración es una incógnita y, como si el mundo se fuera a acabar, la ciudadanía comienzan a acabar con el agua embotellada en el comercio que permanecía abierto por la noche.

Los cortes de febrero están demasiado cerca como para que los chilenos se hayan olvidado del asunto y no se muestren indignados. Porque Santiago de Chile, cuya agua está en manos de privados, no tiene un sistema de respaldo que evite este tipo de emergencias en pleno siglo XXI.

En 2014, luego de un aluvión, la empresa Aguas Andinas construyó un sistema con siete pozos subterráneos, lo que implicó que las cuentas de agua aumentaran en un 1,06% mensual. Pero esos trabajos no han evitado los cortes masivos. Recién en 2019 empezaría a operar un nuevo complejo con seis estanques de reserva que aumentarían de nueve a 32 las horas de autonomía de abastecimiento hídrico, por lo que los santiaguinos tendrán un nuevo aumento de sus cuentas, en esta ocasión de un 1,12% adicional.

A propósito de esta nueva emergencia que vive Santiago, desde diferentes sectores políticos se ha hecho un llamamiento al Ministerio de Obras Públicas para que apoye la reforma a la ley sanitaria que aumenta las multas para las empresas responsables y compensa a los clientes afectados.

La empresa informó esta mañana que «si las condiciones del río continúan mejorando y permiten que la producción de agua potable alcance los niveles de normalidad, durante el día se iniciarían las labores de reposición del servicio».

La sanitaria agregó que lamenta los inconvenientes causados por este evento de fuerza mayor, que logró superar la capacidad de las obras de seguridad para mitigar los efectos del cambio climático. «Estas inversiones elevaron en un 25% las reservas de agua potable, duplicaron la seguridad del servicio, lograron mitigar 30 eventos de alta turbiedad y evitaron 15 cortes de agua desde que entraron en operación en 2014”, señaló Aguas Andinas.