Hace 8 años, una mujer llamada Beatriz Mendoza se convirtió en la Erin Brockovich argentina, aunque sin quererlo. Su motivación fue una polineuritis que le reduce la velocidad de su conducción nerviosa y que, entre otras cosas, hace que pierda sensibilidad o que se le duerman las piernas. Mendoza vivía en Villa Inflamable a la vera del Riachuelo, en un terreno ubicado a 3 kilómetros de la Casa Rosada y que en el pasado fue rellenado con residuos tóxicos. En 2004, la psicóloga social demandó al Estado nacional, a los gobiernos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y a 44 empresas por la contaminación del lugar en el que vive, amparada en el artículo de la Constitución que obliga al Estado a garantizar «una vivienda digna”. Cuatro años después, la Corte Suprema le dio la razón y ordenó a las autoridades el saneamiento de toda la cuenca.
Para ello se conformó la Autoridad de Saneamiento (Acumar), integrada por los gobiernos de la Ciudad (el presidente Mauricio Macri era en ese entonces alcalde) la Provincia y la Nación, 14 ayuntamientos, universidades y un cuerpo colegiado integrado por las organizaciones sociales y vecinales afectadas por la contaminación. Sin embargo, en los años siguientes, las autoridades se preocuparon por trasladar a ese ámbito una contienda partidaria que obstaculizó el proceso. El juez federal Luis Armella, quien había sido nombrado al frente de la empresa, fue apartado en 2012 e investigado por presuntas irregularidades en las contrataciones de empresas para las obras de saneamiento. Hoy la causa está en manos del juez Jorge Rodríguez, a cargo de la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
Acumar, ahora administrada por una misma bandera política, triplicó su planta de funcionarios en un año marcado por una ola de despidos en el sector público y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, puso la limpieza del río como uno los objetivos más importantes de su gestión, al asumir. Sin embargo, las hediondas burbujas del Riachuelo emergen a cada segundo y cada vez explotan con más fuerza. Por ello, la Corte Suprema abrió su recinto para una audiencia pública a la que fueron convocadas las autoridades del ministerio de Ambiente y de la cuenca. A los representantes de algunas de las 88 organizaciones que conforman el cuerpo colegiado les fue impedido el acceso a la sala y tuvieron que seguir las alternativas en un salón aledaño; algunos vecinos que sí pudieron ingresar fueron retirados por la policía por gritar en medio de la exposición de un cargo de Acumar.
A pesar de estar convocado por el máximo tribunal, el director ejecutivo de Acumar, Julio Torti, de viaje, faltó a la cita. Su lugar fue ocupado por la directora de operaciones, Gabriela Seijo, quien se vio obligada a dar el informe frente a los cinco jueces de la Corte. La exposición fue tensa y los argumentos no convencieron a los magistrados. “Pasa el tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30%. Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que esto es una sentencia judicial. No está claro cómo se cumplirá”, dijo el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a Seijo. Según consigna el diario La Nación, “un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable, tienen problemas psicomotores; 5200 millones de dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones sobre su destino; apenas 10% de las soluciones habitacionales concretadas, y sólo el 20% de la sentencia cumplida”.
Antolín Magallanes fue vicepresidente ejecutivo de Acumar de 2012 a 2015. Su gestión estuvo marcada por la disputa política en torno a la reubicación de los asentamientos aledaños al río (todavía hay más de 100 familias esperando un nuevo destino) y la navegabilidad del brazo. “Un total desentendimiento de la problemática fue la titubeante participación de una gestión sin conducción ni parámetros; que solo ha engrosado la planta, carga de todos los males a sus antecesores, y desde hace un año solo hay internismo puro”, dijo. Coincide Diego Nasser, coordinador de la ONG Unión x el Riachuelo: “Lo poco que avanzamos en los 4 años que pasaron lo retrocedimos en menos de 8 meses. Creo que la gente que entendía sobre la cuestión se fue enojada por el reparto de cargos y también noto que la nueva gestión no está preocupada por resolver los problemas”. “El cuerpo colegiado sigue siendo un compartimento estanco sin posibilidad de escuchar otras voces. No tenemos lugar de representación los verdaderos vecinos del río y pareciera que lo que desean 88 instituciones y más de 1.000 personas físicas no es importante para el juzgado y para Acumar”, estimó Nasser.
Este jueves, el consejo ejecutivo de Acumar se reunió de urgencia y, según reveló una fuente del organismo a EL PAÍS, dará plazo hasta el próximo martes a los funcionarios a cargo para que brinden explicaciones satisfactorias o decidan su dimisión.
Fuente y fotografía: El País
