Aunque parezca mentira en pleno siglo XXI, en España a causa de las políticas de recortes y la apuesta decidida del gobierno por la austeridad, existen personas para las que darse una ducha diaria o prender un calefactor es un verdadero lujo.

Las asociaciones de bienestar social han advertido durante años contra esta situación, pero la muerte a principios de este mes de Rosa, de 81 años, en un incendio causado por una vela que utilizó para alumbrarse luego de que la eléctrica le cortase el suministro, ha puesto el asunto en primer plano.

El parlamento ha pedido al gobierno que aparque sus medidas conservadoras e implemente de inmediato una «tregua de invierno» que les impida a las empresas que corten el suministro de los servicios a quienes no pueden pagarlos. Esta medida tiene como base una directiva de la UE de 2009.

El año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística, el 10,6 por ciento de los españoles no pudo calentar adecuadamente sus hogares, esto implica que más de cuatro millones de personas pasaron frío; en 2008 antes de que comenzara la crisis económica la cifra era de casi la mitad.

El problema más acuciante que tienen hoy muchas personas es que por culpa de las medidas, los recortes y la falta de empleo, las familias tiene cada vez menos recursos y muchas veces deben optar por alimentarse o comprar un medicamento, antes que por pagar la luz o el agua.

Para colmo, las tarifas de este tipo de suministros que están considerados como de primera necesidad, han tenido un incremento del 30 al 50 por ciento desde el año 2006, ya que parece que la crisis la deben sufrir las personas, pero no los proveedores de servicios esenciales, que no han tenido pérdidas durante este nefasto período.

¿Lujos imposibles?

Para una familia normal en la que ambos progenitores están en el paro, con suerte perciben la ayuda de 426 euros que “generosamente” les da el gobierno, luego de haber tomado unas medidas draconianas que dejaron en la calle a millones de españoles, al haber cerrado las empresas que los empleaban.

Para estas personas prender una estufa es un lujo que no pueden darse por temor a la factura. Miles de españoles hoy en día recurren a abrigarse dentro de sus hogares o directamente a pasar frío, antes de quedarse sin suministro por no poder pagar a fin de mes.

Los menos afortunados hace meses que no tiene luz y se las ingenian como pueden caldeando los ambientes hogareños con braseros improvisados en donde queman todo lo que encuentran, con los consiguientes riesgos de incendios (cada año se lamentan varias de estas situaciones) y de enfermar (y hasta morir) por la inhalación del monóxido de carbono.

La misma situación se vive con el agua: aunque haya quienes lo nieguen o lo ignoren, miles de familias se dan una ducha una vez a la semana y eso, si tienen suerte de poder abonar las facturas mes a mes.

Voces de alarma

Desde la entidad Cáritas denuncian que, para muchas personas el agua, la luz y la calefacción son artículos de lujo. También explicaron que la organización entre 2007 y 2015 ha ayudado a pagar infinidad de facturas a familias sin recursos y que en ese período la cifra de impagos a los servicios públicos se multiplicó por 30.

Esta y otras muchas organizaciones enfrentan la lucha diaria de dar de comer, abrigar y contribuir a pagar las necesidades mínimas de miles de personas, que se encuentran en condiciones de pobreza y lo que más les preocupa es que como siempre, los más vulnerables y afectados son los niños.

Pobreza energética real

Según la Comisión Europea, los precios del gas y la electricidad en España fueron el tercero y el cuarto más altos, respectivamente, en la Unión Europea el año pasado, lo que nos sitúa por encima de la media europea en cuanto a pobreza energética.

Y eso sucede en un país que tiene un clima más que adecuado para explotar las fuentes renovables, que nos solo son más limpias, sino que resultan mucho más baratas, pero el gobierno no parece que tenga intenciones de cambiar un ápice su política “anti renovables”.

Combatir los cortes

No hay una ley nacional sobre el tema, pero varias regiones han implementado medidas para tratar de abordar y combatir esta crisis energética a nivel doméstico. En el noreste de Cataluña, por ejemplo, una ley estipula que las empresas de servicios públicos deben notificar a los servicios sociales antes de cortar electricidad o gas.

Si la familia o la persona que lucha por pagar se clasifica como vulnerable se les prohíbe hacerlo. Pero la ley no siempre se respeta, como fue el caso de Rosa, ya que Gas Natural ha reconocido que no había contactado con los servicios sociales antes de dejarla sin luz.

Los bomberos también han advertido de los riesgos de seguridad que implican estos cortes, ya que se han encontrado con casos de familias que recurren a calentarse con pequeños fuegos en los que queman periódicos, cartones y hasta zapatos o plásticos.

España podría estar saliendo de la crisis, pero según Facua, al menos 600.000 hogares se quedaron sin suministro eléctrico el año pasado y visto lo visto este invierno habrá más de lo mismo, ante la inacción y la desidia del gobierno.

Fuente y fotografía: Ecoticias