La pobreza energética afecta a 3.900 millones de personas en el mundo, de las cuales 2.600 millones cocinan con leña porque no disponen de fuentes avanzadas para calentarse o cocinar y 1.300 millones carecen de acceso eléctrico.

Así lo ha asegurado a Efe el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas, Pedro Linares, quien ha participado hoy en Madrid en el foro «Pobreza energética en España: soluciones» organizado por la Real Academia de Ingeniería (RAI).

Durante el acto, enmarcado dentro del ciclo de debates «La energía y la ingeniería al servicio de la sociedad» que promueve la RAI, Linares ha explicado que en el caso de España «no existe una cifra que recoja aquellas viviendas que no pueden hacer frente al consumo energético» y, como sucede en Europa, «sólo se conoce el número de personas que carece de hogar».

Otro de los problemas, como ha indicado este experto, reside en la multitud de indicadores que existen para determinar si una familia está en situación de pobreza, por lo que la «única vía buena es que acudan a los servicios sociales para que comprueben cuáles son sus condiciones».

«Propongo un parámetro que se base en la renta mínima dado que algunos reflejan unos aspectos y otros no», ha señalado el profesor, quien lamenta que no exista en España ningún estudio que la defina, es decir, «cuál es el gasto de alimentación, agua.., necesario para mantener unas condiciones de vida dignas».

Además, por un lado, «hay hogares muy pequeños que consumen muy poca energía que no aparecen en los análisis porque son austeros y mantienen unas condiciones de temperatura muy bajas debido a que no pueden permitirse un mayor gasto».

Por otro, puede darse el caso de «una familia con mayor renta y mejores condiciones que, en principio no debería ser pobre, pero reside en una vivienda de los años 60 con corrientes de aire por todos lados y destina mucho dinero en calefacción».

El coordinador general de Cruz Roja Española, Antoni Bruel, quien también ha estado presente en la jornada, ha apuntado que desde su organización trabajan con más de dos millones de personas vulnerables en el país cuya renta es de 575 euros.

«Manejamos tres conceptos que son acceso -no poder pagar la factura de la luz y tener el contenedor desconectado-, vulnerabilidad -personas que destinan sus ingresos a los suministros o pagan tan poco que no pueden calentar su casa- y brecha energética -quienes no llegan ni a conectarse a la electricidad-«, ha afirmado.

«Pagar la luz a una persona es un drama y ayudarle en otros aspectos es menos drama», ha apuntado Bruel, quien aboga por medidas que permitan a la sociedad «ganarse la vida por sus propios medios».

El adjunto primero al Defensor del Pueblo, Franciso Fernández, ha indicado que los ciudadanos, a través de sus quejas, «creen que la electricidad en España es bastante cara» y, en este sentido, señala que «puede que tengan algo de razón».

Ha apuntado que otra de las reclamaciones se centra en el bono social porque «hay mucha gente sin derecho a percibirlo que lo tiene» y, en su opinión, el mejor indicador para su obtención es el de la renta disponible «aunque teniendo en cuenta su evolución».

En este sentido, ha manifestado que esta ayuda «no responde a las necesidades de las personas vulnerables» y que «se ha producido una cierta pereza por parte del Estado en modificarla».

Por último, el director de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales, José Luis López, ha incidido en la complejidad que supone la definición del término «pobreza energética» y ha lamentado la falta de una estrategia conjunta que «debe partir del Gobierno e implicar a Comunidades Autónomas, Ayuntamientos o movimientos ciudadanos».

Fuente y fotografía: El Economista