La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una investigación en el ámbito contencioso-administrativo por si la extracción de agua del parque natural de La Albufera por parte de la Junta de Desagüe pudiese constituir un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Esta investigación, según ha podido saber EFE, parte de una denuncia presentada el pasado mes de febrero por el ex alcalde socialista de Silla, Francesc Baixauli, que también es pescador profesional de la Albufera y tiene licencia para el transporte de cabotaje de pasajeros.
Baixauli denuncia que el pasado invierno, al igual que el anterior, «no se ha mantenido la inundación durante el periodo de tres meses a los que la normativa PAC (Política Agraria Comunitaria) obliga a los propietarios del arrozal».
Concretamente, se detalla un hecho acaecido a finales de enero de 2015, cuando se secó la mitad oeste del lago debido, según Baixauli, a la extracción del agua de los campos de arroz «en un grado que resulta intolerable para el ecosistema». Así, en la denuncia, se enumeran como afectadas por estas extracciones las comunidades de pescadores, por la mortandad de peces debido a la reducción del oxígeno en las aguas; las asociaciones cinegéticas, los grupos conservacionistas, entidades culturales y deportivas y propietarios de embarcaciones de recreo que han sufrido daños por el escaso calado.
Según se apunta en la denuncia, el nivel del agua estaría entonces entre 61 y 96 centímetros por debajo del que aseguraría el correcto funcionamiento del ecosistema. «Cuando en 1926 se aprobaron las ordenanzas de la Junta de Desagüe el nivel de las aguas de la Albufera era un metro más alto, y aunque el nivel del mar ha crecido un poco desde entonces, también lo ha hecho la superficie cultivada. Ahora, la capacidad de embalse del lago es menor, hay más lodo, pero la zona a regar es mayor», explica Baixauli.
El bajo calado impide la regeneración de las aguas y somete a un mayor estrés al lago, «está expuesto de forma más peligrosa al efecto del viento, que enturbia el agua, aumenta la materia orgánica en descomposición y reduce los niveles de oxígeno», añade.
Estas prácticas, según Baixauli, podrían ser debidas a cierto desconocimiento del funcionamiento del flujo de las aguas de La Albufera, lo que no excluye, a su juicio, el dolo.
El fiscal que se ha encargado de esta investigación ha acordado incoar diligencias preprocesales contencioso-administrativas, reunirse con el denunciante y pedir a la CHJ que informe sobre si la Junta de Desagües de la Albufera está constituida ante dicho organismo de cuenca como comunidad de usuarios, y si sus ordenanzas han sido autorizadas administrativamente.
Con su denuncia, Baixauli reclama «una acción jurisdiccional tendente al cese inmediato de las conductas denunciadas y a la adopción de medidas cautelares necesarias para acabar con la extracción ilegal, que se traducen en la práctica desecación crónica de la mitad oeste y norte del lago».
Fuente: El Mundo
