El río Ebro tiene un recorrido de 930 km y su viaje comienza en Cantabria, en la costa norte de España, fluyendo a través de nueve comunidades autónomas, antes de unirse al mar Mediterráneo en un delta en Cataluña que se extiende más de 32.000 hectáreas.

El delta está declarado Parque Nacional y es reconocido internacionalmente como un recurso crítico para conservar la biodiversidad de la región. Además sus ricas aguas ayudan a producir grandes cantidades de productos alimenticios como arroz, frutas y verduras.

El elemento más importante en la preservación del delta, que se enfrenta a grandes desafíos causados por el desarrollo humano es la conservación de los sedimentos que son los que protegen la integridad de los humedales y actúan de barrera natural contra la entrada de agua salina desde el Mar Mediterráneo.

Hace unos años, el delta se inundaba y fertilizaba las costas, pero gracias a los sistemas de riego y a las presas que se han construido a lo largo del río, la presencia de sedimentos ha bajado drásticamente hasta alcanzar cotas de hasta un 90 % de pérdida.

Protestas varias

Basándose en que el verde y fértil delta del Ebro es un santuario de vida silvestre y una región agrícola importante, los vecinos de la ciudad de Amposta ya se habían manifestado el pasado febrero, para defender la subsistencia de sus recursos hídricos y del Medio Ambiente local, como lo han hecho los de Barcelona en esta ocasión.

Los ambientalistas dicen que el delta del Ebro es una de las zonas húmedas más importantes de Europa y explican que el gobierno español tiene previsto restringir el flujo de agua, una medida que podría destruir su frágil ecosistema.

La preocupación principal se centra en que en última instancia, estas aguas podrían transferirse a otras regiones más secas de España, por lo que se manifiestan de manera periódica para defender sus derechos.

Un Plan discutible

El gobierno español ha intentado durante décadas poner en marcha un plan para regular el río y dar una base legal firme a los derechos de uso de sus aguas. En enero finalmente presentaron el plan hidrológico de la cuenca del Ebro.

Sin embargo, el enfoque de dicho plan ha despertado enormes críticas por parte de activistas locales, que creen que se ha dado prioridad a los intereses de los agricultores y los dueños de las presas, sin tener en cuenta los efectos sobre el Medio Ambiente.

A las amenazas planteadas por las presas y los sistemas de riego, se les suma el temor de los activistas de que el gobierno tenga la intención de transferir el agua del río y enviarla a las partes más áridas del país. Este plan se manejó como viable en la década de 2000, pero se derrumbó por sí mismo, ante la oposición pública y la de la UE.

El gobierno habla de poner en marcha un plan hidrológico nacional muy diferente este año, pero sus detractores creen que las autoridades buscan el mismo resultado, aunque por diferentes medios.

Ellos explican que si se adjudican concesiones a distintos grupos de agricultores para riego, éstos pueden declarar que no pueden pagarla (o efectivamente carecer de medios para ello) y venderla a través de los bancos de agua a otros usuarios en otras partes de España; es muy sencillo y sería “legal”.

Una defensa poco creíble

El gobierno defiende que tras la aplicación del Plan, los demás ríos españoles tendrán unas mejores condiciones de almacenamiento y que ello contribuirá a proteger los ecosistemas y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Según las normativas de la UE cualquier plan que se aplique a una cuenca debe establecer algo llamado “caudal medioambiental mínimo”, antes de decidir qué se hace con el agua sobrante. Aquí se actuará al revés: tanto para riego, tanto para las centrales y lo que queda, para el Río Ebro.

O sea que como tantas otras veces, España termina tomando decisiones que ignoran las directivas europeas y cuando el Medio Ambiente diga basta, se echarán las manos a la cabeza y empezarán a buscar paliativos.

¿Nacionalismos?

En medio de todo este conflicto entre la defensa de los derechos de los agricultores, de si el agua es de Cataluña y de que el Medio Ambiente del delta del Ebro corre un grave riesgo, se pretende reducir el problema a los nacionalismos.

Es cierto que cuando surgió por primera vez el tema a finales del siglo pasado, el gobierno de Cataluña estaba de acuerdo con el plan propuesto y ahora no lo está y que en las manifestaciones se ven banderas “separatistas”, pero esta no es una cuestión de nacionalismos sino de conciencia popular, de defensa del Medio Ambiente y de sentido común.

Este tipo de luchas no debería tener otro color que el del pueblo en general, sea del partido que sea, se sienta español, catalán o simplemente terrícola, ya que las consecuencias afectarán a todos los involucrados y la sed no tiene opciones políticas, pero es muy mala para la vida de seres humanos, plantas y animales.

Fuente y fotografía: Econoticias