El Gobierno debería haber destinado a mejorar el dominio público hidráulico más de 600 millones de euros entre 2015 y este 2016, como resultado de la aplicación del Canon hidroeléctrico, pero en las cuentas de la inversión del Estado central en materia de aguas no hay rastro de ellos. Y ni los ministerios de Agricultura y Hacienda, ni las confederaciones hidrográficas, ni otros organismos públicos consultados indican donde se están aplicando. En el sector del agua se da por sentado que, sencillamente, no se han presupuestado.

La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética estableció varios tributos con la finalidad de atajar el déficit de tarifa eléctrica. Con uno de ellos, denominado Canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, aplicado sobre los ingresos por la venta de la electricidad de las centrales hidroeléctricas, se pensaban recaudar 300 millones anuales.

Sin embargo, la cartera que en aquel momento dirigía José Manuel Soria no tuvo en cuenta dos cosas importantes: la primera, que sólo podía aplicarlo en las cuencas que dependen del Estado central -no así en las internas de las comunidades autónomas, que son de su exclusiva competencia-, razón por lo que la recaudación se ha reducido hasta poco más de 200 millones al año, según la producción hidroeléctrica de cada ejercicio.

Un tributo finalista

Y la segunda, mucho más importante, que la imposición ambiental suele exigir que estos tributos sean finalistas. Y en el caso del agua no hay discusión posible: los gravámenes que se apliquen sobre el agua deben tener el agua como destino de lo recaudado.

El sector del agua, que ha experimentado una fortísima reducción de inversión pública desde que estalló la crisis y que denuncia permanentemente el déficit que sufre -según la Planificación Hidrológica recién aprobada sólo se recupera alrededor del 60% de los costes-, montó en cólera cuando supo las intenciones de Industria, y así lo hizo saber en el Consejo Nacional del Agua.

El asunto anduvo bloqueado hasta que el Consejo de Estado lo aclaró a finales de 2014: el planteamiento de Industria era ilegal; los ingresos debían destinarse a la protección y mejora del dominio público hidráulico, esto es, las aguas continentales, los ríos, lagos y riberas.

La solución encontrada al embrollo, tal y como recoge el Real Decreto 198/2015, que regula la aplicación del Canon, fue que los Presupuestos Generales del Estado destinaran a dichas actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico «y las masas de agua afectadas por los aprovechamientos hidroeléctricos», «al menos un importe igual a la cantidad recaudada» y destinada a financiar el sistema eléctrico.

Además, la citada Ley establecía que los impuestos que creaba tendrían carácter retroactivo, aplicándose desde 2013, de modo que durante el primer año en que el Canon tuvo efecto, el pasado 2015, los fondos disponibles sumaban lo recaudado en 2013 y 2014, más de 400 millones; la cantidad exacta no está en los Presupuestos de 2015, en los que el Canon no figura.

Sí llega al sistema eléctrico

Ahora bien, el hecho es que Hacienda, con tardanza, está librando los fondos destinados al sistema eléctrico, pero no ocurre así con la partida para el agua.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elabora mensualmente las liquidaciones del sistema eléctrico y en la última de 2015 figura que ya han llegado 13,4 millones procedentes del Canon, cifra muy inferior a la estimada por el organismo para el ejercicio, curiosamente de sólo 240,2 millones de euros.

En el caso del agua, a falta de un regulador que verifique las cuentas, hay que buscar en las inversiones de la Administración.

En el electoral 2015, los Presupuestos reflejan un incremento de la inversión en agua de 118 millones, cuando debería haber sido de más de 400 millones. Este año -imprevistamente electoral- los Presupuestos indican que se prevé recaudar 209 millones con el Canon, pero la inversión destinada al agua se reduce en 333 millones. La conclusión para el sector del agua es clara: esos fondos no están.

La Administración, por su parte, calla. elEconomista ha preguntado reiteradamente a los Ministerios de Agricultura y Hacienda, así como a la mayoría de las confederaciones hidrográficas y otros organismos sin obtener respuesta. A lo sumo, alguna Confederación explica que ellas desconocen el origen de lo que les presupuesta la cartera dirigida por Isabel García Tejerina.

El Canon se aplica sobre el valor económico de la energía producida y el tipo es del 22%, que se reduce un 90% para las centrales con menos de 50 MW y los bombeos. Las confederaciones hidrográficas se encargan de recaudarlo y obtienen directamente un 2% de los ingresos.

Fuente y fotografía: El Economista