La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento Andaluz acogió ayer la comparecencia de todos los agentes sociales implicados en el trasvase de 19,99 hectómetro cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir. Esta autorización abastecerá de agua los cultivos enclavados en la Corona Norte de Doñana, y dejarán de extraerse del acuífero estos mismos recursos.

Ahora es el turno de la política para perfilar una proposición de Ley que se tramite ante la Mesa del Congreso de los Diputados. La autorización del trasvase es el único gran trámite burocrático que resta para garantizar los regadíos en el Condado.

Junto a los 4,9 hectómetros cúbicos ya autorizados, que permiten el cierre de más de 400 pozos subterráneos, el sector busca completar las necesidades hídricas de las 9.340 hectáreas reconocidas en el Plan de Regadíos, el cual ordena a lo largo de 64.000 hectáreas a través de los municipios de Almonte, Rociana, Moguer, Bonares y Lucena del Puerto.

El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos, Cristóbal Picón, insistió ante la comisión en la voluntad del sector para regularizar los cultivos pero que, muy a su pesar, se encontraron con «el muro que siempre ha representado la Administración»

Picón ensalzó el mimo a la sostenibilidad en unos cultivos que disfrutan de sistemas de riego por goteo, lo que, a su juicio, demuestra el grado de concienciación para ahorrar agua y no dañar los recursos del acuífero que alimenta Doñana. El agricultor insistió que son de la provincia de Huelva y por el mero hecho de pertenecer a otra cuenca diferente se les niega la posibilidad de hacer uso de una tierra «rica en recursos hídricos».

Las organizaciones conservacionistas, por su parte, cumplieron ayer con el guión previsto. Tanto WWF como Ecologistas en Acción mostraron su contrariedad frente a un trasvase que viene a socorrer el incremento «desmesurado» de las hectáreas de riego en una zona donde la anarquía impera. Al menos así lo entiende Felipe Fuentelsaz, responsable de WWF en la comarca, quien denunció públicamente «la construcción de dos nuevas balsas de riego en Lucena del Puerto y la conversión de 200 nuevas hectáreas de riego «en solo siete meses». Esta situación, dijo, está amparada en que «no se aplica la gobernanza» y existe un «déficit de guardas forestales» que peinen el terreno. Fuentelsaz lamentó que se proponga un trasvase del que «se desconocen sus costes económicos y los daños del acuífero por la calidad de las aguas superficiales con las que se regará».

Con respecto a los riesgos, Ecologistas en Acción rechazó de plano el proyecto al entender que el agua del Tinto-Odiel-Piedras está «contaminada» por las minas. Por eso lamentó que «las administraciones cedan a la oligarquía agrícola», planteando propuestas que generan tensiones entre territorios, «abriendo heridas que después son difíciles de estañar». Por último, insistieron en que el Guadiana sólo tiene superávit en la desembocadura, precisamente el lugar en el que mueren los ríos. Mermar los aportes de agua dulce en la zona también podría tener consecuencias para la pesca, vaticinó.

El presidente de la Comunidad de Regantes del Condado, Juan Matos, apuntó que nadie puede darles lecciones de ecologismo, puesto que son los que más miran por Doñana, el espacio que heredaron de sus antepasados, y que, dijo, atraviesa su mejor momento de la historia. El agricultor almonteño recalcó que el Parque ha de «dejar de ser una losa y comenzar a ser un valor añadido».

Frente a los miembros de la comisión reconoció que se han producido casos censurables de conversión de zona forestal a agrícola. El modo de justificarlo dejó atónito a los presentes: en el gremio político «hay granujas, ¿no los va a haber en el nuestro?», sentenció.

Juan Antonio Millán tuvo 20 minutos de exposición por su condición de máximo representante de la Junta Central de Usuarios de Alcolea y Acuífero Masa Niebla, y de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Coprehu). Frente a los parlamentarios narró cómo la división de las cuencas ha «representado un freno» para llevar el agua hacia el Condado. Una burocracia que ha impedido que la provincia pueda gestionar sus propios recursos en función de las necesidades y las oportunidades que generan valor económico y social.

Millán también reiteró que actualmente en Huelva existen en riego apenas 40.000 hectáreas,peccata minuta, consideró, respecto a otra provincias. Y no dejó pasar el dato de las 60.000 personas en paro, mientras se pone en duda la principal fuente de empleo de la comarca y unos cultivos de primor de los que se exporta el 90% de la producción.

El presidente de la Comunidad El Fresno, Ángel Gorostidi, recordó que el Plan da cobertura a 9.370 hectáreas. 2.300 se encuentran emplazadas en la zona suroeste de la comarca, dispone de derechos y agua de riego. En consecuencia, el trasvase cubrirá las necesidades de otras 7.000 hectáreas. De ellas, grosso modo, 770 ya disfrutan de esos primeros 4,9 hectómetros cúbicos. Si además le retiramos la que disponen de concesiones de riego en el Plan Almonte Marismas y los derechos de agua de los Mimbrales, el número de hectáreas que precisan de recursos se limita a unas 4.000 hectáreas a las que se les dará una «solución definitiva» con el proyecto.

El presidente de Asaja Huelva, José Luis García-Palacios, defendió la necesidad de dar luz verde «cuanto antes» a la Proposición de Ley para la transferencia de los 19,99 hm3. «Después de 30 años de espera se ha conseguido un primer trasvase de 4,9 hm3 -valoró- pero es absolutamente necesario disponer de los 15 hm3 que faltan para garantizar el futuro agrícola y salvaguardar Doñana, es decir, proteger a las personas y el espacio donde viven». García-Palacios, no obstante, cree vital que se dé un paso más completando «el deficitario mapa de infraestructuras hidráulicas de la provincia con obras pendientes desde hace años, como la puesta en funcionamiento de la presa de Alcolea y la construcción del canal de Trigueros».

La comisión también escuchó atentamente los argumentos del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía (Coamba), que mostró su respaldo «en materia hídrica al traspaso de cuencas y la solidaridad entre los territorios», si bien demandó que se tengan en cuenta todas las garantías medioambientales necesarias.

Más crítico se mostró con el proyecto Leandro del Moral Ituarte. El doctor en Geografía por la Universidad de Sevilla censuró el Potad porque «amnistía» toda la zona irregular anterior a 2004, cuando se le dio luz verde, así como el incremento de más 1.200 hectáreas de riego desde entonces. Para el experto, la solución pasa por la puesta en marcha del Plan.

También habló la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), a través de su presidente, Juan Moreno, quien defendió el trasvase por «poderosos motivos de interés general».

Fuente y fotografía: Huelva información