El 27 % del agua potable que circula por las redes de distribución de Gran Canaria se pierde antes de llegar a los hogares o nunca se llega a facturar, un problema que le ha costado a los principales ayuntamientos de la isla 97,83 millones de euros solo entre los años 2008 y 2011.
El Tribunal de Cuentas (TC) ha publicado hoy el resultado del informe de fiscalización de los servicios de producción y distribución de agua potable en Gran Canaria que le había solicitado la comisión mixta Congreso-Senado, que pone de manifiesto algunas irregularidades en determinadas obras, pero, sobre todo, un problema común a los nueve ayuntamientos examinados: las pérdidas de agua.
El TC estima esas pérdidas a partir de la diferencia entre el agua que ha producido o adquirido cada ayuntamiento y la que realmente ha facturado a los clientes al cabo del año, un método cuyos resultados no coinciden con los datos aportados por los municipios respecto al agua que se escapa de sus redes.
En importe económico, la mayor parte de las pérdidas detectadas en la isla corresponde a la ciudad más poblada del archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria, a la que el agua que se escapó por su red de distribución en esos cinco años le costó 37,11 millones de euros.
Sin embargo, su red de abastecimiento, administrada por una empresa mixta, Emalsa, es una de las más eficientes de todas las examinadas por el TC, ya que perdió casi la mitad de agua que el resto de los grandes municipios de la isla, el 16,67 por ciento.
Algo parecido les ocurrió a los otros dos municipios más poblados de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana, a cuyos ayuntamientos las pérdidas de agua les costaron en esos cinco años 11,24 y 25,50 millones de euros, aunque sus porcentajes de agua no facturada están por debajo de la media (21,19 % y 19,13 %).
En cambio, la red de Arucas perdió el 57,21 por ciento del agua que repartía durante los dos años examinados en los que fue gestionada directamente por el ayuntamiento, con un coste estimado para el erario municipal de 3,91 millones de euros.
Y en el período en el que el agua la gestionó en Arucas una concesión, se perdió el 46,57 %, con un coste de 5,99 millones.
En Agüimes, no se facturó en esos cinco años el 29,93 por ciento del agua distribuida directamente por el Consistorio, con un coste de 5,45 millones, y un 6,65 por ciento del agua que se canalizó hacia los núcleos de población donde este servicio lo prestaba un tercero, mediante una concesión, con un coste de 328.089 euros.
En Guía, se escapó el 32,48 por ciento del agua (con pérdidas estimadas en 2,14 millones de euros); en Santa Brígida, el 21,89 (2,25 millones); en Ingenio, el 21,03 % (2,89 millones); y en San Bartolomé de Tirajana, el 19,13 % (25,50 millones).
En Mogán, el Ayuntamiento suministra agua a 28 núcleos de población (además hay 13 urbanizaciones abastecidas de forma privada por sus promotores). En los núcleos atendidos por el Consistorio, se perdió el 20 % del agua producida, con un coste de 979.625 euros.
En vista de estos datos, el Tribunal de Cuentas recomienda a todos los ayuntamientos que establezcan sistemas que detecten las pérdidas de agua y el motivo que las ocasiona; «esto es, si derivan del deterioro de las infraestructuras o averías en las redes, de sustracciones, de fraudes o errores, e instrumentar las medidas necesarias para evitarlas».
Fuente y fotografía: La Provincia
