La Fiscalía de Barcelona investiga las presuntas irregularidades denunciadas por la Oficina Antifraude en la facturación entre la sociedad Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y el grupo Acciona, a quien la Generalitat la gestión del servicio de aguas, por un delito de falsedad documental.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el ministerio público acordó abrir la semana pasada diligencias de investigación, inicialmente por un delito de falsedad documental, en la facturación de servicios de ATLL Concesionaria a otras empresas controladas por el mismo grupo Acciona.
La investigación se deriva de un informe que la Oficina Antifraude llevó a la Fiscalía, a raíz de una denuncia del sindicato CGT, que destapa facturas supuestamente cruzadas entre al menos dos filiales de Acciona, entre otras «múltiples irregularidades» en las prestaciones de servicios de ATLL.
En su informe, Antifraude denuncia que esas irregularidades pueden acarrear «significativas consecuencias en perjuicio del sector público» y plantea la posibilidad de resolver el contrato de concesión de la sociedad Aigües Ter-Llobregat, que la Generalitat adjudicó en 2012, días antes de las elecciones catalanas, a un consorcio liderado por Acciona.
El informe advierte de que ATLL subcontrató de forma irregular a la sociedad vinculada Empresa Operadora ATLL S.A. determinadas prestaciones que eran inherentes a la propia concesión de la gestión de la red de suministro de aguas Ter-Llobregat.
En ese sentido, Antifraude cuestiona la facturación de servicios de la Empresa Operadora y la filial Acciona a ATLL Concesionaria, que entre los años 2013 y 2014 ascendieron a más de 13 millones de euros.
Además, el informe advierte de la «insuficiente» representación de la Generalitat en el consejo de administración de ATLL Concesionaria, que gestiona el servicio de suministro de aguas, y alerta de que las irregularidades detectadas pueden haber perjudicado el servicio público e influido en la factura del agua.
Junto a la Fiscalía, la Oficina Antifraude envió copias de su informe al Departamento de Economía y al director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), a la que corresponde controlar la gestión del servicio de aguas, así como a la Agencia Tributaria.
La Generalitat adjudicó en 2012 la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat a un consorcio liderado por Acciona junto al banco de inversión brasileño BTG Pactual, ambos con un 39%, y en el que también participaban las familias Rodés y Godia-Torreblanca.
Posteriormente, Agbar impugnó la adjudicación, lo que derivó en una batalla judicial en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acabó anulando el procedimiento de concesión, en una decisión que tanto la Generalitat como Acciona y sus socios han recurrido al Tribunal Supremo (TS).
Fuente y fotografía: ABC
