Mal han empezado las conversaciones entre la banca, los bonistas y los Benjumea, los todavía máximos accionista de Abengoa, para salvar del colapso a la empresa de ingeniería. Los empresarios andaluces reclaman a sus acreedores que, una vez realizada la conversión de la abultada deuda en capital, puedan retener cerca del 15% del capital, una petición que les parece desproporcionada a sus interlocutores. El objetivo es evitar un nuevo embargo de su fortuna personal.

Así lo ha puesto encima de la mesa Felipe Benjumea, el expresidente de Abengoa embargado por un juez de Sevilla por no devolver el bonus millonario que se concedió a sí mismo, que aún hoy ejerce de asesor e interviene en las negociaciones. Pese a ser el máximo responsable de la suspensión de pagos del grupo de ingeniería, Felipe Benjumea sigue llevando las voz cantante en las conversaciones, ya que el nuevo presidente, José Domínguez Abascal, le contrató como asesor por un periodo de un año a cambio de un millón de euros de sueldo.

De ese casi 15% del capital que han pedido quede en manos de los actuales accionistas, una vez realizado el canje y la quita por hasta 6.000 millones de los 8.900 de deuda que arrastra Abengoa, a los Benjumea les tocaría alrededor del 9% de las acciones nuevas, ya que actualmente tienen el 60% de los derechos de voto y el 30% de los económicos, dada la división entre títulos de clase A y B. Sin embargo, esta reclamación está considerada fuera de lugar por los acreedores, tanto la banca como los bonistas, que se reparten la deuda a partes iguales.

Más bien al contrario, los tenedores del pasivo, que tendrán que aceptar unas pérdidas de cerca del 70% de sus préstamos o de sus bonos, consideran que la actual Abengoa no vale nada y que la participación que deberían mantener los accionistas actuales debe aproximarse al 0%. Abengoa apenas capitaliza en la actualidad 140 millones, y necesitará de una ampliación de capital mediante el citado canje de la deuda por entre 1.500 y 2.000 millones. Además, la compañía necesitará de un préstamo extraordinaro de entre 1.000 y 1.300 millones, por lo que la posición de los actuales propietarios se reducirá a la mínima expresión.

Con esta postura, los Benjumea tratan de salvar los muebles para evitar que sus sociedades queden embargadas por la banca. Tal y como adelantó El Confidencial a principios de diciembre, los acreedores de la fortuna personal de la familia sevillana ya ejecutaron parte de las garantías de un préstamo inicial de 135 millones concedidos por seis entidades, Bankia, Caixabank, Sabadell, Unicaja, Popular y Bankinter. Así lo reconocieron los propios empresarios antes de empezar 2016, cuando admitieron que estos bancos se habían quedado con 118 millones de acciones Clase B que estaban dentro del ‘holding’ Inversión Corporativa a cambio de reducir el importe de la deuda desde los 95 millones que debían en diciembre a 69 millones.

Como contrapunto, señalar que las garantías con que los bancos cuentan como respaldo del crédito han disminuido de forma relevante. Hasta ahora, tenían como aval acciones por valor de 52 millones de euros, lo que equivalía a una cobertura del 53%. Ahora están pignoradas acciones por valor de 24 millones de euros, lo cual se traduce en un 34%. El crédito tiene vigencia hasta diciembre de 2018 y el tipo de interés pactado se mantiene en el 3,5% inicial.

Si sale adelante la propuesta de los acreedores, los títulos que sustentan el préstamo de 69 millones aún valdrán menos, con lo que tendrán que poner garantías personales adicionales o verán cómo su participación también pasa a manos de la banca. Y los Benjumea y sus socios -los Abaurre, Aya, Solís y Guardiola- no están precisamente para muchos dispendios después de que la jueza haya embargado bienes al antiguo presidente por pagarse un bonus estratósférico en pleno de derrumbe de la compañía.

Fuente y fotografía: El Confidencial