Sin relaciones diplomáticas desde hace cuatro décadas, Bolivia y Chile continúan siendo en el siglo XXI vecinos distantes. Al reclamo boliviano de una salida al mar -un contencioso que ha llegado hasta el tribunal de La Haya- se une ahora el conflicto por el agua de un manantial cercano a la frontera. El presidente Evo Morales ha puesto el grito en el cielo por la reciente instalación de una base militar chilena a 15 kilómetros del territorio boliviano. «Es una agresión, tienen misiles en la base», clamó ayer el mandatario boliviano. El Gobierno de Michelle Bachelet, por su parte, ha querido rebajar el alcance de esa operación militar al calificarla de un mero aumento del patrullaje fronterizo para evitar saqueos. La enésima crisis bilateral está servida.
Como en una película futurista, el agua ha convertido a La Paz y Santiago de Chile en enemigos históricos. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya estudia la demanda de Morales por una salida al mar, un corredor que Bolivia perdió tras la Guerra del Pacífico en 1879. Y ahora La Paz está preparando un nueva demanda para que Santiago le reconozca una «deuda millonaria» por el uso «ilegal y abusivo» de las aguas del manantial de Silala a través de canales artificiales construidos hace un siglo. Pero Chile considera que esas aguas, originadas en la región boliviana de Potosí, a sólo cuatro kilómetros de la frontera entre ambos países, son de uso internacional porque el río desemboca en la cuenca hidrográfica del Pacífico.
«Amenaza a Bolivia»
«Esta instalación militar es una agresión a la patria. Yo no puedo entender por qué asentaron esta base a 15 kilómetros de nuestra frontera. ¿Qué pretenden? Es una amenaza a Bolivia», se lamentó Morales en un acto público en el que leyó un documento atribuido al Ministerio de Defensa de Chile donde se informa de la instalación de misiles tierra-aire y tanques blindados en la base militar de Cariquima.
El Gobierno de Bachelet reaccionó inmediatamente y calificó la operación militar como una intensificación del patrullaje para «impedir los ataques contra civiles, robos, contrabando y narcotráfico provenientes de Bolivia, lo cual ha tenido el efecto de disminuir notoriamente esos actos delictivos», según un comunicado difundido por la cancillería chilena.
«¿El contrabando y los robos en la zona se va a combatir con misiles, aviones y tanques? No lo puedo creer», subrayó Morales: «La buena vecindad no se construye con misiles ni con tanques de guerra ni con bases militares. Para nosotros es importante el diálogo abierto y sincero para ser buenos vecinos y construir una amistad para compartir lo poco que tenemos».
Visiblemente molesto por el movimiento de tropas chilenas en la frontera,Morales está evaluando elevar su protesta a los organismos regionales para que tomen cartas en el asunto: «Es importante recibir información oficial, evaluarla y de acuerdo a ello, llevar el tema al Consejo de Defensa de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas)».
Para el canciller chileno, Heraldo Muñoz, las denuncias de Morales reflejan sólo una «utilización política» del caso. Muñoz se refirió al Tratado de 1904, que fijó las fronteras entre ambos países y que, a su juicio, estableció el carácter «internacional» del río Silala, algo que Bolivia aceptaba hasta 1997, cuando cambió sus argumentos, según la cancillería chilena.
El Gobierno de Bachelet cree que Morales está utilizando a Chile para «enfrentar sus problemas de política interna» tras la derrota en el referéndum sobre la reelección presidencial. «No se trata de justicia ni de derecho, sino simplemente de una política de hostilidad permanente hacia Chile que no aceptamos», zanjó el canciller chileno. Y lanzó una advertencia: si Bolivia sigue adelante con su intención de llevar el «caso Silala» a La Haya, Chile presentará a su vez una demanda contra La Paz.
Fuente y fotografía: El Mundo
