De su memoria fotográfica depende el detectar limoneros donde antes solo había un bancal. El problema es que esa ‘foto fija’ se extiende por la margen derecha del río Segura, desde Alcantarilla hasta Beniel. «Cada mañana recorro, como mínimo, cien kilómetros. El contacto con la gente es básico», detalla desde el anonimato uno de los seis guardas del Servicio de Guardería Fluvial que velan por el perímetro regable de la Vega Media. No quiere desvelar sus datos para evitar represalias, porque sus ojos son los de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y en los dos últimos años este servicio ha denunciado 293 infracciones de la Ley de Aguas y 30 por daños al dominio público hidráulico (ramblas, cauces, zonas de servidumbre…).

La suma de todas las multas supera los 950.000 euros. Sin embargo, al desglosar anualmente la estadística de sanciones se pone de manifiesto el efecto que, entre otros factores, ha tenido la sequía en el empleo ilícito del agua. En 2014, la CHS incoó 205 expedientes sancionadores por usos privativos de aguas sin autorización y en 2015 esa cifra entró en barrena, con una caída del 57%, hasta los 88 expedientes por riegos ilegales.

«El agua está más controlada y es muy arriesgado», advierte otro guarda que supervisa el perímetro que va del Puerto de la Cadena a La Manga. Cuando localizan un riego ilegal, «normalmente no dicen de dónde sacan el agua porque también le cae el muerto al otro». Y uno cuantioso, ya que las 238 multas tramitadas de carácter leve salieron a una media de 3.361 euros; 42 fueron infracciones menos graves, entre 10.000 y 50.000 euros, y 13 muy graves, de 50.000 a 500.000 euros.

«Somos personal de campo. Cada día nos hacemos un ‘planning’ para vigilar el río, los pozos, los contadores de agua, las plantaciones, los vertidos en ramblas y ahora con la sequía, los turnos de riego», detalla su compañero. Un equipo de ‘La Verdad’ acompañó a dos guardas un día de trabajo por parajes de pedanías murcianas, porque a pesar de la caída de las sanciones, en los dos últimos años la CHS señala Murcia como el municipio de la Región que más infringe la Ley de Aguas y que vulnera el dominio público, con 66 denuncias. Le sigue Fuente Álamo (61) y a años luz quedan otras grandes zonas agrícolas, como Lorca (15) y Cartagena (5).

Bendito ‘GPS’

«Estas infracciones son realizadas habitualmente por agricultores individuales y empresas del sector hortofrutícola», apunta el organismo de cuenca. El portavoz de Huermur, Pedro Jesús Fernández, achaca los datos de la capital a la proliferación «del empleo de agua de riego para usos industriales, la apertura de pozos ilegales, la extracción de caudales de acequias para obras privadas y las ampliaciones de cultivos fuera de perímetros regables».

En la zona este de la capital, al límite con Alicante y la Sierra del Garruchal, Huermur ha recibido denuncias de vecinos por la ampliación ilegal de parcelas fuera de zonas de riego. Los dos guardas de la CHS confiesan que en este tipo de prácticas ilegales, «de media, la gente se suele apropiar de 4 a 5 hectáreas». Uno de los guardas suma veinticinco años de servicio y recuerda con humor que antes de que hubiese GPS «nos costaba Dios y ayuda localizar las parcelas y a sus dueños. Era una labor detectivesca preguntando a vecinos y agricultores».

Ahora todo se ha digitalizado y cuando ven algo sospechoso solo tienen que consultar el catastro para averiguar el titular de la parcela bajo sospecha y tirar de móvil para ver si está dentro del perímetro regable.

«Tomamos las coordenadas y las volcamos al programa informático GIS», detalla mientras recoge los datos de una finca del Cabezo de la Plata, en la pedanía de Los Ramos. Está dentro de zona regable, de forma que prosiguen con su tarea de patrullar un horizonte interminable: motas del río, caminos, parcelas agrícolas… Es tal la dificultad que entraña su trabajo que Ecologistas en Acción echa en falta más medios para combatir «las 6.000 hectáreas fuera de perímetros regables que hay en la Región».

En el 90% de los casos, la práctica habitual es ampliar las explotaciones en terrenos de secano y plantar limoneros porque están ‘cotizando’ a 0,65 céntimos el kilo. La organización agraria COAG reconoce que «hace veinte años que no se daba un precio así». En las zonas menos cálidas de la Región se opta por roturar ilegalmente para plantar almendros, cuya rentabilidad es de 7,40 euros el kilo. Si los agentes medioambientales o los de la Guardería Fluvial no se percatan de estas ampliaciones ilegales, la organización recuerda que «la transformación de secano a regadío sale muy rentable». No solo por el rendimiento de los limoneros, sino también por la diferencia de costes en el recibo de la contribución: «Una hectárea de secano sale a unos 6 euros, frente a los 60 euros de una de regadío».

A los daños al erario público y a la afección a comunidades de aves esteparias, hay que sumar el ‘mercadeo’ de subvenciones y de agua que llevan aparejadas estas prácticas. «Los derechos de aguas se los ceden entre particulares a cambio de dinero», explica un guarda. El organismo de cuenca advierte a las comunidades de regantes de que pueden ser sancionadas «por incumplir las condiciones de la concesión, al derivar aguas fuera de los perímetros de riego autorizados». En zonas de interior de la huerta de Murcia, la práctica habitual es apropiarse de media tahúlla de terreno para ‘no dar el cante’ y plantar alguna variedad. «Utilizan la red de suministro doméstico», apunta un guarda. En Fuente Álamo, en cambio, recurren a «fincas con derechos de agua de pozos».

Naranjos ‘acuáticos’

Las infracciones de la Ley de Aguas suponen 800.000 euros de multas tramitadas entre 2014 y 2015, los 150.000 euros restantes son reclamaciones por daños al dominio público hidráulico. Algunos son tan graves como el ocurrido en el río Chícamo de Abanilla, en el que a una sociedad anónima poco le importaron las figuras ambientales de este paraje protegido.

La CHS multó a esta sociedad con 3.000 euros por «una plantación en el cauce de la rambla de Abanilla». En el paraje de Los Frailes, a lo largo de unas ocho hectáreas, el cauce del río Chícamo ha sido sustituido literalmente por naranjos. «La sanción les obligaba a desmantelar la plantación, pero no lo han hecho y siguen recogiendo las naranjas», denuncia Ecologistas en Acción.

De ‘plantar’ ladrillos al limón

El organismo de cuenca recuerda que «la ocupación de un cauce por una plantación ilegal no determina la adquisición de ningún derecho». En ‘cristiano’ viene a decir que la citada sociedad se está arriesgando a volver a ser multada si los naranjos no desaparecen del Chícamo. La sequía también ha repercutido en las roturaciones de cauces públicos y plantaciones ilícitas con una caída del 69% entre 2014 (23 denuncias) y 2015 (7 denuncias). También se ha dejado notar la crisis del ladrillo, ejemplifica la pareja de guardas, «las extracciones ilegales de áridos de ramblas han bajado mucho».

Ni la sequía ni la crisis evitan que en 2016 se presenten nuevas denuncias. La última ha sido entre el Barranco del Largo y la Rambla de Santomera, donde el ecologista Juan Antonio Ortega ironiza que «se ha pasado de ‘plantar’ ladrillos a plantar limoneros». En esa zona estaban proyectadas 3.500 viviendas de Santomera Golf-Resort, pero el banco ha vendido la parcela a unos empresarios para que exploten los terrenos.

El problema, según recoge la denuncia presentada en la CHS, es que se está produciendo, «sin licencia, roturación de terrenos para ampliación ilegal de regadíos y apropiación de terrenos de dominio público en la rambla de Santomera». El Seprona ya ha inspeccionado la zona. Ortega recuerda que «estamos a favor de la agricultura, pero dentro de unos parámetros legales. Se han transformado miles de metros y si hay lluvias torrenciales el cauce de la rambla no dará abasto y se inundarán terrenos aledaños, ocasionando daños a terceros».

Fuente y fotografía: La Verdad