La Generalitat mantendrá la concesión de Aigües del Ter Llobregat (ATLL) en manos de Acciona hasta que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre los diversos recursos que hay en ese alto tribunal, lo que está previsto que ocurra durante 2016, según las fuentes jurídicas consultadas. Fuentes de la Generalitat han apuntado que se ha escogido esta estrategia como el mejor modo de reducir los costes para las arcas públicas del fiasco en que se ha convertido esta privatización.
Esta línea de actuación, que han acordado el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, y el presidente, Carles Puigdemont, contrasta con la proposición de ley presentada por el PSC en el Parlament y que contempla la explotación y gestión directa de los bienes e instalaciones que integran la red Ter-Llobregat mediante una sociedad mercantil pública.
En este proyecto, hasta que no se constituya dicha sociedad, se prevé que la Agencia Catalana del Agua (ACA) intervenga los bienes e instalaciones de titularidad de la Generalitat de Catalunya que integren la red Ter-Llobregat, nombrándose un interventor técnico que fiscalice la reversión de los bienes e instalaciones del servicio a favor del Ejecutivo regional. Por tanto, aprobada la ley, la Generalitat deberá proceder a una suerte de rescate por expropiaciónde la concesión de ATLL.
Pero, en este escenario, la Generalitat debería abonar a Acciona no solo el importe de las inversiones realizadas en ejecución de obras de construcción, sino también en la adquisición de bienes necesarios para la explotación de la obra, atendiendo a su grado de explotación. Además, esta alternativa permitiría a Acciona reclamar daños y perjuicios, tanto los derivados de la recuperación del servicio por parte de la Administración como el lucro cesante,esto es, beneficios futuros que se dejarían de percibir. Por tanto, este escenario es el que la Generalitat quiere evitar a toda costa y precisamente porque el precio sería altísimo: más de 500 millones.
La esperanza de la Generalitat es que el Tribunal Supremo anule la privatización de ATLL, opción considerada como la más beneficiosa para Cataluña
La esperanza de la Generalitat es que el TS se pronuncie a favor de la nulidad de la adjudicación del contrato de concesión de ATLL. Esto permitiría pagar ‘solo’ los 298 millones que abonó Acciona cuando arrancó la privatización en 2013. En el caso de que se confirme la nulidad de la adjudicación del contrato de concesión de ATLL, el mismo entraría en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo. En esta versión, Acciona no podría solicitar el lucro cesante, con el consecuente ahorro para la Generalitat. Y, por eso, es la principal esperanza de Junqueras y Puigdemont.
No hay base suficiente
Pese a las irregularidades encontradas -una factura de 7,4 millones abonada a Acciona que ha sido la principal baza de la denuncia de Antifraude, el suspenso en la auditoría de operaciones y la implicación de un exgerente del ACA con Acciona-, en la Generalitat se cree que no hay base suficiente para retrotraer la operación sin coste.
Por ello, se pretende aguantar hasta que el Supremo marque cómo se resuelve el baile. Desde el ACA están preparando una respuesta para Antifraude, que entre otros datos señalará que la factura de 7,4 millones a Acciona solo se pagó una vez y que, además, cuando fue detectada, se denunció a Hacienda y se prohibió su abono, que iba a ser recurrente en los años siguientes, según explican fuentes cercanas a la ACA.
Coherencia jurídica
En la Generalitat, se cree que hay base suficiente para esperar que el TS anule el concurso. Seguiría una línea de coherencia con el resto de fallos de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que hasta ahora ha ido cuestionando esta privatización. Pero para eso se necesita tiempo, que es lo que no están dando el Parlament y los grupos que impulsan la ley para recuperar la empresa pública.
Aunque los funcionarios del ACA están abogando ante Junqueras y la Generalitat para que ATLL siga siendo pública cuando el TS anuncie su fallo, el plan del Ejecutivo de Puigdemont es volver a privatizar la empresa para que el nuevo adjudicatario asuma los costes de este fiasco, y así el resultado final resulte lo más neutro posible para las cuentas públicas de Cataluña.
Fuente y fotografía: El Confidencia
