La consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, aseguró en una entrevista a TV3 que el limitado alcance de la ayuda se debe a los trámites que tienen que realizar los afectados, sobre todo el informe social que entregan los servicios sociales. Bassa se comprometió a revisar el protocolo, una obligación compartida con el Departamento de Empresa, que diseñó el fondo y conversa con las suministradoras.
La oposición en bloque criticó la manera cómo la Generalitat ha gestionado el problema de la pobreza energética. “No puede ser que un Gobierno se escude en que no puede hacer nada por un recurso de Madrid, cuando en realidad tiene unos recursos que no usa y no aplica una ley tan valiente como la antidesahucios”, asegura la diputada de Catalunya Sí Que Es Pot Marta Ribas. Desde el PP, Fernando Sánchez cree que ha fallado la información a los municipios y pidió un cambio en el procedimiento. Assumpta Escarp (PSC) criticó que “el Gobierno se llena la boca cuando los resultados muestran que se ha hecho un mal circuito” de atención.
Además de las grandes empresas como Endesa, Agbar o Gas Natural, solo dos municipios se acogieron al fondo: Mollet del Vallès (PSC) y Figueres (CDC). Tanto Josep Monràs, el acalde vallesano, como la alcaldesa gerundense, Marta Felip, explicaron que se enteraron de la ayuda a través de terceros, no de una manera oficial. “Los municipios son los que tenemos un conocimiento sobre el terreno de la pobreza, nos deberíamos encargar de la gestión”, pidió Monràs.
“No hemos de esperar a que nos vengan a buscar, hemos de ver quiénes son”, aseguró Laia Ortiz, segunda teniente de alcalde de Barcelona, durante la presentación de un nuevo programa municipal para verificar la eficiencia energética de hogares vulnerables. “A muchas personas aún les da vergüenza explicar sus situaciones”, agregó. Todas las partes insisten además en la necesidad de que las suministradoras se impliquen más. “El mecanismo sancionador es indispensable”, piden la PAH y APE en una carta enviada al president, donde le piden aprobar el reglamento de la ley antidesahucios, vigente desde julio pasado.
Fuente: El País
