La frecuencia de las sequías periódicas que están afectando al sur de Europa ya no se consideran fenómenos aleatorios y pasajeros. La sequía estructural que afecta a Alicante o el estado de la cuenca del Júcar y Segura deberían ser considerados preocupaciones a escala continental. Y por lo tanto, la búsqueda de soluciones conjuntas a nivel europeo.

La gestión de los recursos hídricos en la península lleva dos décadas dividida entre dos posiciones: quienes defienden los trasvases y quienes están a favor de las desaladoras. Actualmente, el Gobierno central han eliminado de su agenda de prioridades los trasvases en favor de potenciar las desaladoras. Sin embargo, reemplazar el trasvase por agua desalada no es un problema para las ciudades que consumen solo un 20% en lugares como Alicante. El problema son los regadíos que consumen el 80% y que deben tributar compitiendo con otras comunidades donde el agua es más económica o incluso gratis.

A diferencia de España, en Europa la discusión sobre el trasvase o la desalación ha sido superada, en favor de las opiniones antrasvasista y elevando el debate al ámbito de la gestión pública o privada del agua. En esta dirección , el europarlamentario del PP Esteban González Pons asegura que en Bruselas  no tienen lugar «lobbies» del agua que apuesten por trasvases o por desalación y que los intereses de los regantes solo están representados y defendidos por los parlamentarios de cada región.

En este sentido, la tendencia está siendo cuestionar la gestión privada del agua ya sea desde comunidades de regantes (que no dejan de ser ámbitos privados de derecho) o empresas adjudicatarias de los servicios municipales de agua. «Es algo que cada vez está entrando más en la agenda europea porque donde no hay problemas de recursos hídricos no existen la necesidad de una gestión más eficiente del agua, como es nuestro caso», indicó  González Pons. ¿Estarían equivocados entonces los regantes en atender solo a la discusión del problema a escala nacional?