Lo primero que encuentra el paseante al llegar al embalse del río Aulencia, entre Valdemorillo y Colmenarejo, en la sierra Noroeste de Madrid, es un cartel que dice: “Prohibido el baño. Aguas cenagosas”. Una advertencia que quizá se queda corta, teniendo en cuenta que el fondo del pantano lo ocupan 300.000 metros cúbicos de fango tóxico, contaminado con metales, hidrocarburos y materia orgánica, cuenta El País. Una especie de baba del color del óxido adorna un extremo del río al otro lado de la presa, cerrada en 1975. Hace más de una década, tras un estudio que confirmó esa contaminación, la Confederación Hidrográfica del Tajo dijo que iba a buscar la mejor manera de limpiar este espacio que está en mitad. Todavía no lo ha hecho.
Este ejemplo del Aulencia (que desemboca en el Guadarrama la altura de Villanueva de la Cañada) es uno de los que utiliza Raúl Urquiaga, activista de Jarama Vivo (una agrupación que reúne a las asociaciones ARBA, El Soto, GRAMA y Ecologistas en Acción), para poner de manifiesto que las Administraciones no están haciendo lo suficiente para remediar el mal estado generalizado de los ríos madrileños. La Confederación del Tajo no ha respondido a la petición de este periódico para que aportara su punto de vista en este reportaje, pero sus documentos públicosdejan claro que más de la mitad de las masas de agua (los tramos de río, arroyo, embalses, etcétera) de la región no alcanzan la calidad mínima exigida por la normativa europea (la Directiva Marco del Agua) y que buena parte de ellos tampoco lograrán alcanzarla en 2027.
En general, aunque la situación en las cabeceras es mucho mejor (hasta buena, según la Administración), los ríos madrileños están asfixiados en sus cursos medios y bajos —sobre todo en el Manzanares, Jarama, Guadarrama y Henares— porque soportan sobre sus espaldas la mayor presión urbana de todo el país: 775 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra que multiplica por 10 la media de España (72,9), según los datos del Ministerio de Medio Ambiente.
Eso se traduce en muchos vertidos urbanos e industriales (la mayoría legales y algunos ilegales) en unos cauces que llevan poca agua por las enormes necesidades de consumo (sobre todo el humano, pero también de la industria, la agricultura…) y porque se han quedado constreñidos por infraestructuras, explotaciones agrícolas y urbanizaciones (de nuevo, muchas legales, pero también otras ilegales). Unas construcciones que se meten en la misma orilla y “convierten los cursos bajos de los principales ríos en poco menos que canales por los que discurre un agua de poca calidad”, resume Urquiaga.
El ecologista hace un repaso río a río, del Lozoya, que, aunque está mejor, está “hiperregulado”; el Guadalix, que se ha llegado a secar cerrando la presa del Vellón cuando ha habido amagos de sequía; o del Tajo, que llega con muy poca agua desde Castilla-La Mancha por el trasvase al Segura —con lo que le hacen más daño los residuos agrícolas— para recibir después la aportación de ínfima calidad del Jarama (baste comprobar el punto negro de contaminación de este río en la Presa del Rey). Recuerda también las ocupaciones ilegales del Guadarrama en Móstoles y Arroyomolinos que emergen intermitentemente río abajo en enormes tapones de basura (como el que aparece en la imagen que acompaña a estas líneas, de mayo pasado) y todas las depuradoras (incluidas las de Madrid capital) que descargan en el Manzanares.
Desde el Canal de Isabel II, empresa pública responsable de la gestión del agua, una portavoz insiste en sus esfuerzos para mejorar la depuración: ha invertido en nuevas instalaciones 229 millones de euros en los últimos años y otros 60 millones están en ejecución. Además, explica que la tecnología les permite que un 25% de los 500 hectómetros cúbicos que las depuradoras vierten al año a los ríos sean de agua regenerada (un paso más allá de la depuración que permite reutilizarla).
Sin embargo, Urquiaga asegura que no es suficiente, primero, por falta de eficiencia de las inversiones y, además, porque se podría devolver el doble de agua de buena calidad. “La mitad de ese líquido regenerado [otros 137 hetómetros más] se vende, para regar campos de golf, por ejemplo. No se debería hacer negocio con ello hasta que los ríos estén en buen estado”, se queja. Al Gobierno regional, además, le echa en cara que no haga suficiente esfuerzo para dar a los ríos “el espacio que necesitan sus riberas y eliminar ocupaciones del suelo fluvial, barreras artificiales, infraestructuras obsoletas, vertidos incontrolados, basureros, construcciones ilegales, etcétera”.
Una portavoz de Medio Ambiente, por su parte, asegura que su consejería “está realizando estudios previos a la redacción del Plan Integral de Recuperación y Conservación de los Ríos y Humedales de la región”. Y recuerda medidas que ha puesto en marcha —con éxito, insisten—, como la prohibición del baño en la Pedriza. Recuerdan, además, que los ríos son responsabilidad compartida con Ayuntamientos y, sobre todo, con la Confederación. Para este organismo Urquiaga reserva también fuertes críticas, sobre todo, una fundamental: «Es especialmente preocupante que no exista una dotación real de un régimen de caudales ambientales que garantice agua suficiente y de calidad para todos los ríos de la cuenca del Tajo».
