El Gobierno argentino encabezado por Mauricio Macri lanzó durante 2016 como una de sus principales iniciativas el llamado Plan Nacional de Agua. El mismo dará sus primeros pasos durante 2017 y prevé una inversión total de 22.000 millones de dólares para que al finalizar el mandato del actual presidente en 2019 el 100% de la población tenga acceso a la red de agua potable y el 75% a cloacas y plantas de tratamiento de efluentes.
Según el informe elaborado en el marco del propio Plan Nacional, actualmente de los 43 millones de habitantes que tiene el país, «el 84,4% tienen acceso a agua por red pública y el 58,4% a cloacas». No obstante «no hay estadísticas confiables respecto del nivel de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, algunas fuentes calculan que se encuentra entre el 15% y el 20% de las aguas recolectadas».
Rogelio Frigerio, ministro del Interior, declaró que se trata del plan para este sector «más ambicioso de nuestra historia». Asimismo añadió que las obras que se tienen que llevar a cabo «van a representar trabajo para casi medio millón de argentinos cuando esté todo en funcionamiento y la posibilidad cierta de lograr el objetivo que nos planteó el presidente».
El estudio, desarrollado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, apunta que en el país sudamericano existen 1.828 prestadores de agua en localidades urbanas distribuidas de la siguiente manera: «23 provinciales o regional, 19 estatales atendiendo 60% de la población y 4 privados para 10% de la población, el resto son municipales o cooperativas» y alcanzan al «30% de la población».
Debido a esta multiplicidad de prestadores y diversidad geográfica, el trabajo así como la asignación de presupuesto será coordinada a nivel nacional, provincial y municipal. En concreto, se busca incorporar 8,2 millones de personas a la red de agua y 8,9 millones a la de cloacas.
Disparidades y consumo no medido
El informe destaca que actualmente existe una amplia diferencia en el acceso a estos servicios en función de la zona del país que se habite. Por ejemplo, mientras que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un 99,6% de cobertura de agua de red y 98,7% de cloacas, existen municipios a pocos kilómetros de distancia de la misma que no alcanzan el 20%. Es el caso de los distritos de la llamada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de Ituzaingó, Malvinas Argentinas y José C. Paz, entre otros.
Otro de los puntos que resalta el documento es que «la inestabilidad económica del país en décadas pasadas» sumada al «fracaso de las cambiantes políticas sectoriales (en los 90 una privatización acelerada con debilidades contractuales e institucionales y en la década del 2000 una reestatización conflictiva que generó un alto pasivo social y económico)» fueron negativas para la «evolución armónica y sustentable del sector».
Desde la perspectiva del Gobierno argentino esto generó que «la inversión en expansión» quede «acotada» y los servicios «desfinanciados». Esto se debe a que desde la crisis económica del año 2001 «las tarifas de la mayoría de los grandes prestadores del país se encuentran retrasadas con relación a la inflación». En este sentido, «uno de los ejes del Plan estará orientado a alcanzar la sustentabilidad financiera de los operadores». Para esto «se trabajará en esquemas de fijación de tarifas que reflejen los costos de la prestación», añade.
A lo anterior se suman «cuestiones culturales» generadas por los «incentivos que se dieron a la población» entre las que se destacan el «consumo no medido, tarifas extremadamente bajas, despilfarro del recurso y un entendimiento colectivo de que un bien indispensable debía ser gratuito o casi».
Fuente y fotografía: Hispan TV
