El aire asfixia en la ciudad de Avilés en los días sin lluvia. En 2014, el último año con información en el Registro Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR), los avilesinos respiraron más de cinco millones de toneladas de dióxido de carbono procedentes de Alcoa, Saint Gobain Cristalería y Arcelormittal, las tres principales fábricas de la comarca. La situación no escapa al resto del Principado. Asturias es la tercera comunidad que más CO2 emitió ese año y la primera si se mide por número de habitantes, según el atlas sobre cambio climático que publicará el Observatorio de la Sostenibilidad.
La siguen Castilla y León y Aragón, regiones en las que se encuentran algunas de las centrales térmicas más contaminantes del país, como la de Compostilla II, en la provincia de León, o la de Andorra, en Teruel. «España vive estancada en un modelo energético basado en el carbón», expone Fernando Prieto, doctor en ecología del Observatorio. Las centrales térmicas generaron en 2014 más de 66 millones de toneladas de dióxido de carbono, uno de los principales actores en la expansión del efecto invernadero y el que ejerce mayor control sobre el clima.
Convivir con este gas se ha convertido en la rutina de millones de españoles. Este lunes, se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático y, un año más, España llegará sin hacer los deberes. “En todo este tiempo ha habido falta de voluntad política”, lamenta Prieto. El nivel de emisiones de dióxido de carbono aumentó en 2015, mientras todos los países del entorno presentaron fuertes reducciones en sus emisiones. “El resto han tomado decisiones encaminadas a esa economía verde obligatoria en la que vamos a tener que estar todos”, explica.
El 22 de abril de este año, un orgulloso Ban Ki-moon presumía como secretario general de las Naciones Unidas de estar “batiendo un récord de firmantes” en la sala neoyorquina. Arrancaba la ceremonia para la firma del Acuerdo de Parísalcanzado el diciembre pasado, con el que los países de todo el mundo parecían haberse puesto de acuerdo para, por fin, mediar en el calentamiento global. Estados Unidos y China, los dos principales emisores de CO2, aprobaron el texto a principios de septiembre. España, sin embargo, se escuda en el vacío de Gobierno para hacerlo y en que la Unión Europea lo ratifique en conjunto.
“Es cierto que la falta de Gobierno ha provocado que no se tomen estas medidas”, reconoce el ecólogo, aunque recuerda que cualquier tema referente a políticas medioambientales ha estado “ausente de todo el debate electoral”. Para Prieto, lo “lógico” es que el nuevo Ejecutivo encare este problema “de una forma más drástica”. El Observatorio insiste en la laxitud de la política española en materia ambiental. Y los números soportan sus argumentos.
Hace 11 años entraba en vigor el Protocolo de Kyoto. Los firmantes se comprometieron a que sus emisiones de CO2 no se incrementasen un 15% respecto al año base, que acordaron fijar en 1990. Según los datos con los que cuenta el Observatorio, España habría superado ligeramente ese 15% en 2014, luego de haber rebasado las emisiones de 1990 en más del doble en 2007, coincidiendo con el comienzo de la crisis. En ese periodo de 24 años, el dióxido de carbono con origen español aumentó en 29 millones de toneladas, superando al resto de países europeos. También incrementaron sus emisiones Portugal, Chipre, Irlanda y Malta, pero ni sumando todos sus humos se alcanzaría el nivel español.
Si el resto de estados europeos lograron reducir su contaminación, ¿por qué España no? Para Fernando Prieto, los sucesivos gobiernos fueron incapaces de adoptar un nuevo modelo energético, basado hasta ahora en el carbón. “No lograron frenar la inercia de las grandes energéticas, que tienen una serie de intereses creados”, asegura. Desde el Observatorio, esperan que el país muestre una actitud “más ambiciosa”, tanto en energías renovables como en el cambio del modelo productivo.
Las comunidades autónomas tampoco cumplen
Siete comunidades autónomas lograron cumplir con el umbral fijado por el Protocolo de Kyoto: Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y País Vasco. De ellas, solo cinco redujeron sus emisiones de dióxido de carbono. En el lado opuesto se encuentra la Región de Murcia, donde la presencia de dióxido de carbono se incrementó en un 55% desde 1990.
La variación desde 1990 responde, en buena medida, a la distribución de la población y la producción energética basada en combustibles fósiles. Así lo entiende Prieto, que advierte de la necesidad de “controlar los cambios del uso del suelo”. La presencia de urbanizaciones diseminadas por el territorio obliga a un mayor uso del coche. “En las áreas de población más compactas, se reducen esas emisiones”, explica. Aunque la presencia de centrales térmicas deja huella en las comunidades autónomas, los mayores incrementos se han producido en las regiones donde más ha cambiado el modelo de urbanización. “Un ejemplo claro es la costa valenciana, donde la población está más dispersa”, argumenta.
La mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera no presenta riesgos para la salud pública a corto plazo, pero sí tiene un papel decisivo en el cambio climático. «De esta forma, aumentarán las temperaturas, habrá más sequías y más golpes de calor», advierte el ecólogo. El biólogo Raúl Estévez, otro de los autores del atlas del Observatorio de Sostenibilidad, alerta de que «ya se observan evidencias en la biodiversidad, temperaturas y precipitaciones» del cambio.
Fuente y fotografía: El Confidencial
