El Ayuntamiento de Cartagena ha remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente todos los análisis de la calidad del agua procedente de la desaladora de Escombreras realizados por la concesionaria del servicio municipal, Hidrogea, durante 2015 y lo que va de 2016. Todos ellos dan como resultado que los caudales para consumo humano suministrados por la desaladora cumplieron los parámetros legales de protección de la salud. Es parte de la documentación solicitada por la Fiscalía, tras la inspección realizada hace un mes por la Guardia Civil en la Concejalía de Urbanismo.

La investigación trata de aclarar si, desde la puesta en marcha de la planta en 2009, se ha superado en alguna ocasión por ejemplo los niveles máximos de boro y de turbidez, y si ha habido presencia de sustancias prohibidas, en los procesos de producción, distribución y vertido del agua.

La Fiscalía indaga también en el papel de la Autoridad Portuaria. Ésta dio en 2008 al grupo ACS una concesión administrativa para disponer de un cajón de extracción de agua en la dársena, con la condición de cambiar la toma al exterior por el riesgo que supone la contaminación por metales pesados; y en 2014 prorrogó el permiso (con efectos retroactivos a 2013 y tope en diciembre de 2016). Hay un nuevo punto de captación de agua pendiente de ejecutar.

Sánchez ofrece «colaboración»

El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, mostró ayer la colaboración y transparencia «absoluta» del Ejecutivo con la Guardia Civil y la Fiscalía; y expuso su confianza en que «todo el mundo haga bien su trabajo».

El portavoz del Comité Electoral del PSOE-RM, Emilio Ivars, dijo que si se confirma la contaminación del agua que usa la desaladora «estaríamos ante el mayor escándalo conocido en la Región de Murcia relacionado con la salud pública». El diputado de Podemos Antonio Urbina dijo que «las mentiras de la desalinizadora van saliendo a la luz».

Fuente y fotografía: La verdad