El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha estimado, tras conocer un informe técnico que ha encargado, que las instalaciones y la red de agua de la ciudad necesitan una inversión de 178 millones de euros en los próximos 15 años, al tiempo que calcula que durante los 19 años de gestión por parte de la actual empresa concesionaria –Aguas de Valladolid– se han dejado sin invertir 96 millones de euros en la red.

  Así lo han explicado este miércoles el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, quien ha explicado además que se creará una comisión formada por técnicos y representantes de los grupos y se abrirá un proceso de consulta a la ciudadanía con lo que se espera tener definido este verano el modelo de gestión por el que se optará a partir de julio de 2017, cuando concluye la actual concesión.

El informe sobre el ciclo integral del agua, elaborado por un equipo técnico y en el que el Ayuntamiento basará la decisión acerca de la forma más eficiente de gestionar el servicio, señala que la «ausencia de inversiones en los últimos 19 años en instalaciones y redes», la obsolescencia de muchos elementos y un «déficit acumulado» de más de 96 millones de euros, obligarán a ejecutar una inversión de 178 millones en los próximos 15 años.

El documento calcula que en los 20 años de concesión la empresa debería abonar un total de 123 millones de euros en concepto de canon, de los cuales el actual equipo de Gobierno estima que «sólo 27 millones» se han dedicado a inversiones en la red, de ahí que se cifre en 96 millones el «déficit inversor», del que Puente ha responsabilizado al anterior Ejecutivo ‘popular’.

Por este motivo, y por que la red cuenta ya con una antigüedad importante –una media de 26 años en las instalaciones de abastecimiento y de 32 en la de saneamiento–, hacen que la infraestructura requiera unos 232 millones de euros en inversiones, de los cuales 178 millones deberían ejecutarse en los próximos 15 años.

Según María Sánchez, esta cifra de inversiones «condiciona» el futuro del servicio del ciclo de agua de Valladolid, porque entiende que «no se puede estar por debajo de esas cantidades» ya que implicaría no poder mantener la red en la situación adecuada.

El primer edil ha recordado que el ciclo del agua se ha marcado como «un punto fundamental» de la gestión del equipo de Gobierno formado por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra, ya que ambos partidos comparten la «necesidad de cambiar» el sistema de gestión una vez concluya el actual contrato de concesión en julio de 2017 «con continuidad y sin incidencias» con independencia de la fórmula que se elija.

Para ello se ha encargado este informe, presentado este miércoles a los grupos políticos del equipo de Gobierno, con el que se pretende conocer de forma detallada la situación de todos los elementos que configuran la prestación del servicio, las estaciones de tratamiento de agua potable, la estación depuradora de aguas residuales, la red de abastecimiento y la red de saneamiento.

Así, según ha detallado la concejal, se han planteado como criterios para definir el próximo modelo de gestión que el esfuerzo económico necesario sea «asumible», que permita ejecutar los gastos de mantenimiento previstos según el informe, así como las posibilidades de subrogación del personal que actualmente integra la plantilla –152 trabajadores, de los cuales 55– proceden de la antigua empresa municipal ASVA, disuelta en 1997 con el cambio de sistema de prestación del servicio, así como todos los condicionantes organizativos y las relaciones con proveedores.

Uno de los aspectos más importantes es, precisamente, la cuantificación de  las inversiones que es preciso llevar a cabo en los próximos años, al objeto tener todos los datos para crear un modelo económico, aplicarlo como hipótesis a los diferentes modos de gestión del servicio público, y de esta  manera, poder evaluar todas las opciones.

Con el escenario técnico y económico que dibuja el informe, la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha explicado a los grupos  políticos los pros y los contras de las diferentes alternativas de gestión, de las que posteriormente en rueda de prensa ha descartado prácticamente la concesión a una empresa privada, porque quieren «avanzar» hacia una gestión más pública, y la prestación como un servicio público municipal, ya que implicaría dificultades para subrogar al 100 por ciento del personal y estaría sometida a las reglas presupuestarias y de techo de gasto, lo que podría condicionar la inversión.

De esta manera de las palabras de María Sánchez se plantea que para el equipo de Gobierno las dos opciones a priori más atractivas son la creación de una sociedad mercantil que preste el servicio, bien sea 100 por ciento pública –como ASVA en su momento– y de gestión directa o de carácter mixto y gestión indirecta.

En ambos casos, ofrecen grandes posibilidades para el control público de la gestión, no implicarían dificultades en la subrogación del actual personal, se permitiría dedicar a sus propias inversiones en la mejora y el mantenimiento del servicio los resultados de pérdidas y ganancias sin someterse a reglas presupuestarias al tiempo que se vería favorecida por la bonificación al 99,9% en el impuesto de sociedades.

Además, una sociedad mixta aporta como aspectos económicos diferenciados la inversión del socio privado se como aportación del capital social, que su retribución estaría ligada a los resultados y a la tecnología propia, que la gestión del negocio recae el socio industrial y que será este quien deba aportar los sistemas tecnológicos, lo que supone una ventaja al neutralizar el asunto del mantenimiento.

Por el contrario, el principal aspecto en contra de la constitución de una sociedad pública o mixta sería que habría que diseñar un sistema de gestión en poco más de un año sin contar con las ventajas y las economías de escala que puede tener una empresa privada.

Lo que no se ha puesto sobre la mesa con el informe ha sido la incidencia que podría tener el cambio de gestión en la tarifa que pagan los ciudadanos.

Con el informe como punto de partida, se procederá ahora a la designación de una Comisión político-técnica, que se nombrará en el Pleno del mes de mayo, en la que estarán representados todos los grupos municipales, al tiempo que se convocará un foro de participación para dar a conocer a entidades sociales  y a la ciudadanía toda la información sobre este servicio y recoger sus  aportaciones.

El objetivo es que, con el mayor consenso posible, se elabore antes del verano la memoria exigida por la Ley de Bases de Régimen Local que,  previo informe de la Intervención Municipal, concluya cuál es la forma  más eficiente y sostenible de gestionar el servicio.

 

Fuente y fotografía: El Día de Valladolid