La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos ex directivos de las empresas COVIT y VEM a 14 meses de prisión por contaminar con vertidos industriales el río Ger y los acuíferos que suministraban agua potable a Torelló (Barcelona) y les obliga a pagar los 1,2 millones que costó restaurarlos.
En su sentencia, la sección décima de la Audiencia de Barcelona condena a Liber Antonio S., ex director gerente de COVIT, y a Ramon T., ex director técnico de VEM, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y les impone multas de 4.500 euros a cada uno de ellos, así como ocho meses de inhabilitación para ejercer actividades industriales. La sala rebaja a los acusados la pena que les correspondería por un delito contra los recursos naturales, al aplicarles la atenuante de dilaciones indebidas, dado el retraso injustificado en la instrucción de la causa, que se inició en 2004 a raíz de un atestado de los Mossos d’Esquadra.
Los dos industriales deben pagar además los 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento de Torelló y la Agencia Catalana del Agua (ACA) invirtieron para restaurar los acuíferos y la cuenca fluvial contaminada, cantidad de la que se harán cargo como responsables directas las compañías aseguradoras de las empresas. Según la sentencia, ambos procesados -junto al exdirector de COVIT y VEM Juan Antonio Bofill, imputado en la causa hasta que falleció en 2006- permitieron que las empresas que gestionaban vertieran, sin tratarlos previamente, residuos con percloretileno, un disolvente industrial clorado que la OMS considera nocivo para la salud y que tiene efectos carcinógenos.
La sentencia sostiene que las dos empresas utilizaban esa sustancia tóxica en sus procesos de producción, sin contar con la preceptiva autorización de la licencia de actividad ambiental, pese a que, entre los años 1996 y 2000,adquirieron 59.932 kilos cuya eliminación se desconoce cómo fue gestionada. El tribunal cree probado que, durante diez años desde que iniciaron su actividad en 2001, los residuos que generaban ambas empresas recibían un tratamiento«inadecuado e insuficiente» para impedir que se vertieran al río Ges y a los acuíferos que, en esa cuenca, alimentaban los pozos de captación utilizados para el suministro de agua potable de Torelló.
Entre los años 2000 y 2001, se «hicieron patentes» daños medioambientales en las aguas superficiales del río Ges y se detectó la presencia de disolventes en los pozos de captación de Torelló, lo que según el tribunal generó «un grave riesgo para la salud pública de los habitantes de dicho municipio». Los niveles de disolvente tóxico en esos pozos -que suministraban entre el 60 y el 65 % de agua potable a la población- eran tan elevados que fue preciso cerrarlos y descontaminarlos. Concretamente, los análisis de las muestras de aguas recogidas detectaron elevadas concentraciones de percloroetileno y tricloroetileno en la red de suministro de Torelló, principalmente en la llamada «zona deportiva».
Para el tribunal, los procesados eran conscientes de la toxicidad de los productosque utilizaban y «sabían que ambas empresas carecían de instalaciones adecuadas» para impedir que los residuos contaminantes acabaran en el subsuelo y en las aguas del río Ges. Por lo tanto, añade la sentencia, los procesados«conocieron, consintieron y, con capacidad para adoptar las medidas necesarias, no impidieron los vertidos, que produjeron unos daños importantísimos en el medio ambiente de la zona», no sólo a su equilibrio ecológico sino también a los «pozos de suministro de agua para el consumo humano de la población de Torelló».
Fuente y fotografía: El Mundo
