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El Gobierno repercutirá la multa europea a los núcleos que depuran mal sus aguas

El Gobierno ha anunciado que repercutirá sobre las administraciones públicas incumplidoras la multa millonaria que ha impuesto el Tribunal de Justicia de la UE a España por depurar mal sus aguas residuales en 17 núcleos urbanos.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para informar sobre las causas y las consecuencias de la sanción del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de junio.

La sentencia condenó a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones por incumplir la norma comunitaria de saneamiento de aguas en 17 núcleos.

Morán ha explicado que negocia con la UE el pago de la multa coercitiva y que la sanción de 12 millones de euros ha sido ya adelantada por el Estado, pero el Gobierno prepara un acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros y repercutir esa cantidad sobre las administraciones que han sido responsables de los incumplimientos.

Según el secretario de Estado, la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia europeo «erosiona» la credibilidad de España, resta recursos que se podrían dedicar a mejorar la calidad del agua y amenaza el acceso a posibles fuentes de financiación europeas.

Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización

El secretario de Estado ha informado de que para hacer frente a esta situación, el Gobierno va a lanzar el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) que incluye unas 3.500 actuaciones y una inversión estimada de 10.000 millones de euros en los próximos 18 años (dos terceras partes correspondientes a las comunidades autónomas).

De las 17 aglomeraciones urbanas afectadas por la sanción, 8 ya están en situación de cumplimiento, ha explicado Hugo Morán; son las de San Pedro de Alcántara (Málaga), Noreste (en Valle de Guerra-Tenerife); Benicarló, Peñíscola (Castellón), Teulada Moraira (Rada Moraira, en Alicante), Aguiño-Carreira-Riberia (La Coruña), Santiago de Compostela y Vigo.

De las nueve que siguen en situación de incumplimiento, cuatro han sido declaradas ya de interés general y el Estado está ya trabajando en ellas; son las de Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) y Gijón Este.

Las cinco restantes son de competencia autonómica: Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva, Valle de Güimar (Tenerife) y Tarifa (Cádiz), ha señalado Morán, quien ha explicado que Tarifa ya tiene la estación depuradora, aunque las muestras que se han obtenido fuera del periodo estival, cuando la carga es más elevada, no satisfacen la directiva europea.

Fuente: EFE Verde. 

21 noviembre, 2018

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