El Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó un duro golpe al plan del presidente Obama para luchar contra el cambio climático al ordenar que no siga adelante hasta que se pronuncie la justicia. El mandatario demócrata aprobó el año pasado, a través de un decreto presidencial, un conjunto de medidas para reducir las emisiones contaminantes de las plantas energéticas, el centro de su estrategia contra el calentamiento global.

El dictamen del Supremo concede una victoria temporal a los 27 Estados, liderados por Texas, así como varias empresas y organizaciones, que denunciaron la reforma energética de Obama ante los juzgados. El Plan de Energía Limpia de la Casa Blanca obliga a los gobiernos estatales a abandonar las energías fósiles por las renovables. El objetivo es reducir las emisiones de carbono un 32% en 2030 en comparación con los niveles de 2005.

El decreto presidencial de Obama para luchar contra los efectos del cambio climático es único en la historia de Estados Unidos y puso al país a la cabeza de las reformas a nivel mundial, un gesto especialmente importante de cara a la reunión internacional celebrada el pasado mes de diciembre en París. Ahora la situación ha cambiado y dos de las grandes reformas que pueden marcar el legado de Obama –la energética y la del sistema de inmigración– están bloqueadas por la justicia.

La decisión de los jueces –por cinco votos contra cuatro– impedirá que entre en vigor antes de que Obama deje la Casa Blanca. Su portavoz, Josh Earnest, declaró este martes que “no están de acuerdo” con la decisión del Alto Tribunal, pero confían en que “superará la revisión de la justicia”. La presidenta de la Agencia para la Protección Medioambiental (EPA, en inglés), se mostró “decepcionada” en un comunicado. “Creemos firmemente en esta reforma y seguiremos trabajando con nuestros socios para solucionar la contaminación”.

El bloqueo de la justicia es además inusual, ya que una Corte de Apelaciones ha aceptado estudiar el caso el próximo mes de junio, y la mayoría de las reformas no entrarán en vigor hasta dentro de dos años. El gesto puede ser indicio de que la mayoría de los jueces tienen algún tipo de reserva sobre la legalidad del método empleado por el presidente Obama. El Estado de Texas, junto con los otros 26 demandantes, argumentan que tanto la Administración como la EPA se excedieron en sus competencias.

El plan establece varios plazos para el cierre de las plantas energéticas de los Estados y que éstos puedan garantizar una transición a las energías fósiles sin un impacto negativo en sus economías. Los demandantes argumentan que esta decisión depende de la autoridad de los Estados, no del Gobierno federal. Este martes, varios líderes republicanos celebraron la decisión del Supremo como una victoria.

Fuente y fotografía: El País