Caso Zaragoza Plaza, caso Tranvía de Parla y caso Acuamed. Todos casos de corrupción y todos tienen en común dos protagonistas: Acciona y políticos del PSOE. Curiosamente, la cifra de 25 millones se repite en dos de ellos, en el caso del tren abierto del municipio madrileño, con Tomás Gómez en el poder, y el caso Acuamed, en el que la Guardia Civil ha detenido al directivo de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini, por sobornar supuestamente a empleados públicos, algunos de ellos arrestados, de Acuamed, empresa creada por el PSOE en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
La empresa de la familia Entrecanales es tradicionalmente favorecida por los Gobiernos del PSOE, que le devuelve así el favor de su entrada en Endesa, aunque la operación salió estrepitosamente mal. Asimismo, con Zapatero en el poder, Acciona ha vivido un tiempo de gloria, tras la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy, Acciona es una de las más afectadas.
Acciona se ha visto de nuevo inmersa en un caso de presunta corrupción por el pago de sobornos a empleados públicos para conseguir contratos. En el caso Acuamed, la Guardia Civil, por medio de la UCO, investiga el pago de 25 millones de euros en sobornos realizados presuntamente por varias compañías, entre las que se encuentra FCC. Entre los arrestados figura el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini, por el fraude en los contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas.
La operación sigue abierta y afecta a una supuesta trama que desde Acuamed habría adjudicado de forma fraudulenta obras y falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias. Según las fuentes consultadas por Efe, el fraude cometido en los contratos podría ascender a unos 25 millones de euros. En septiembre de 2014, la Fiscalía ya solicitó al ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente información sobre Acuamed.
Meses antes, el director de Ingeniería de Acuamed, Francisco Valiente, -cesado por el ahora arrestado Arcadio Mateo, ex director desde ayer de Acuamed,- había denunciado presuntas prácticas corruptas por parte de la empresa pública, una denuncia que investigó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que concluyó sin observar ninguna irregularidad.
En el caso Zaragoza Plaza, Acciona Infraestructuras, la misma que está inmersa ahora en el caso Acuamed, ha llegado a pagar 8 millones de euros para defender a sus dos directivos. El caso se destapó por la denuncia de un empleado de la compañía, pese al rechazo de sus compañeros que llegaron a decirle: «Nos da ganas de partirte la cara» y le acusaron de «cargarse la empresa». Acciona tiene en esta causa judicial dos directivos, a los que ha respaldado con un aval de 8 millones de euros. En este caso de corrupción, el más importante en Aragón, el juez indaga sobre el presunto desfalco de 50 millones de euros de las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza-Plaza. Ambos directivos, Miguel Ángel Bretón y José María Jordán, trabajan actualmente en la compañía pero en las filiales de Brasil y Colombia. El juez les imputó delitos de falsedad documental, malversación, blanqueo y también de cohecho, pero solo a uno de ellos.
Acciona, por orden del juez, ha tenido que dar documentación para continuar la instrucción del caso, que ya tiene un año en dependencias judiciales. Zaragoza Plaza está controlada al 100% por el Gobierno socialista en Aragón, y tuvo al senador Marcelino Iglesias en el foco de todo el entramado corrupto en el que se investiga el presunto desfalco de 50 millones de euros de las arcas públicas. Los directivos de Acciona, según consta en el sumario del caso, inflaban las facturas por servicios no realizados, como un parking, sistema de videovigilancia, o excavaciones. Los directivos obligaban al contable de la compañía a anotar estas diferencias, pero no contaban que sería esta persona la encargada de ponerles a disposición judicial. El honrado trabajador de Acciona guardaba una copia de la factura inflada en un cajón, hasta que el cajón se llenó. La montaña era información que debía estar ante el juez, pero cada vez que hablaba con alguien del PSOE o de la propia Acciona siempre recibía la negativa por respuesta, según contaba el propio trabajador en una entrevista a El País. Las elecciones de 2011 cambiaron el signo político en Aragón, y con el PP en el poder se dio la denuncia y con ella se destapó el mayor caso de corrupción entonces en la Comunidad, que vuelve ahora al PSOE.
Acciona logró el concurso de Zaragoza Plaza a través de una UTE. La Unidad de Delitos Económicos y Financieros solo ha logrado demostrar el desvío de 10 millones, pero el volumen de las facturas es tal que afirman que podría incluso hablarse de 80 millones de euros. La obra costó 260 millones, por lo que el agujero podría alcanzar ya no el 3% o 5% como en algunos casos de corrupción de Cataluña, sino del 30%. Las certificaciones de obras supuestamente expedidas por sus directivos se realizaron cuando la reforma del Código Penal, por lo que la empresa se puede ver envuelta directamente en este caso. Entre ellas un parking que se pagó como si estuviera realizado, pero que nunca llegó a construirse.
Otro caso es el del Tranvía de Parla, con la faraónica obra del ex dirigente socialista y entonces alcalde de la localidad madrileña, Tomás Gómez. La obra fue adjudicada por un total de 93 millones más IVA, es decir, 103 millones de euros. Acciona fue adjudicataria del proyecto junto a otras compañías. Al poco de iniciarse, la obra pasó a costar 142 millones de euros, 40 más de lo presupuestado, y curiosamente vuelve a parecer la cifra mágica: 25 millones de euros. Esta última cantidad es lo que se pagó de más a Acciona en tiempos de Gómez en la Alcaldía de Parla.
La obra pasó después a dispararse hasta los 298 millones de euros, con un vencimiento en 2037. El precio final quizá no se pague nunca tras la declaración de quiebra del Consistorio, con una deuda de 550 millones de euros. La deuda no se pagará nunca tras la aprobación del PP, ahora en el poder, de una ordenanza municipal por considerar «lesivo» para los 126.000 ciudadanos que residen en la localidad madrileña. En esa votación el PSOE se abstuvo, mientras que el resto de grupos dio su apoyo, incluido IU. Acciona salió del proyecto.
Otro caso es la adjudicación de la privatización de ATLL, que abastace a 4,5 millones de personas, más del 60% de la población catalana. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó la adjudicación que pretendía realizar la Generalitat sin tener en cuenta otra oferta, la de Agbar. El Ejecutivo de Artur Mas pretendía colocar a Acciona los 1.000 millones del proyecto sin realizar los requisitos normativos procedentes.
El tribunal considera que la anulación de la oferta de Acciona que emitió el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (Oarcc) pocos días después de que se formalizase el contrato de adjudicación «debe extenderse al conjunto del procedimiento de contratación«. Según el juez, hubo una «infracción de los principios de publicidad y concurrencia». En esa adjudicación participó el imputado en el caso del 3% Josep Antoni Rosell, ex número dos de Infraestructures.cat, la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat.
Rosell está apartado del cargo desde finales de noviembre de 2015. La mayor licitadora de obra pública de Cataluña realiza ahora una investigación para determinar las irregularidades y depurar las responsabilidades antes de elegir a un nuevo director. En este caso se investiga la financiación de CDC y la modificación de algunos concursos públicos y las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas para que sean adjudicatarias las empresas que paguen la respectiva comisión.
Fuente y fotografía: Negocios
