El Gobierno canario pretende, con esa medida, que esos 16 parques «se puedan acoger al registro de régimen retributivo específico dispuesto por el Ministerio de Industria para la generación de potencia eólica en las Islas hasta el 31 de diciembre de este año». Todos los parques –informa el Ejecutivo canario– cuentan con el informe favorable de la viceconsejería de Medio Ambiente, «en el que se incluyen las medidas necesarias para minimizar los impactos previsibles en consonancia con los principios y objetivos de la Ley de Evaluación Ambiental». [En la imagen, Fuerteventura, foto extraída de la página con la que el Gobierno de Canarias promueve el turismo en el archipiélago: holaislascanarias.com].
El Gobierno de Canarias ha aprobado excluir a dieciséis (16) parques eólicos, con una capacidad total de 140,8 megavatios (MW), del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El consejero de Economía, Pedro Ortega, ha explicado que «la agilización de los trámites para la instalación de estos parques, que tienen la condición de inversiones de interés estratégico para Canarias, redundará en un mayor ahorro del coste eléctrico, un menor impacto en la contaminación atmosférica y en la creación de nuevos puestos de trabajo, entre otros impactos positivos». Ocho de los parques se encuentran en Gran Canaria; cuatro en Tenerife; tres en Lanzarote y uno en Fuerteventura.
Informe favorable
El Ejecutivo regional ha explicado por otra parte en que todos los parques incluidos en ese paquete «cuentan con el informe favorable de la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en el que se incluyen las medidas necesarias para minimizar los impactos previsibles en consonancia con los principios y objetivos de la Ley de Evaluación Ambiental». Según el comunicado difundido por el Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Medio Ambiente ha insistido en que «el hecho de que estos proyectos eólicos no deban obtener la declaración de impacto medioambiental no les exime, en ningún caso, de tener que cumplir con una serie de condicionantes medioambientales establecidos por el propio departamento gubernamental».
La decisión del Consejo de Gobierno -informa el Ejecutivo regional- se fundamenta concretamente en el artículo 8.3 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, según el cual el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma podrá, en supuestos excepcionales, excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto medioambiental.
Impactos positivos, según el Ejecutivo regional
El Gobierno de Canarias destaca en su comunicado varios «impactos positivos» que asegura conlleva la puesta en marcha de estos parques eólicos (140,8 megavatios en total). En concreto, señala los siguientes: «la renovación de generación eléctrica, con una inversión aproximada de 187 millones de euros; la creación de 990 puestos de trabajo durante su fase de construcción y de 285 empleos durante su fase operativa; un ahorro de 765 millones de euros al sistema eléctrico español en los próximos 20 años, al sustituir parte de la generación de energía eléctrica a partir de tecnología térmica de origen fósil por la producción de energía a partir de fuentes renovables, cuyo coste es sensiblemente inferior; y unas emisiones menores de CO2 (316.000 toneladas menos al año), lo que supone 6,3 millones de toneladas durante la vida útil de las instalaciones)».
Fuente y fotografía: Energías Renovables
