La Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han estudiado cerca de 70 países para elaborar un nuevo informe conjunto, «El medio ambiente, la paz y la seguridad», publicado recientemente.
El informe se centra en los vínculos entre los delitos ambientales a escala mundial, que representan entre 91 y 258 mil millones de dólares anuales, y otras actividades criminales como el crimen organizado y el terrorismo.
La Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han estudiado cerca de 70 países para elaborar un nuevo informe conjunto, «El medio ambiente, la paz y la seguridad», publicado recientemente.
El informe se centra en los vínculos entre los delitos ambientales a escala mundial, que representan entre 91 y 258 mil millones de dólares anuales, y otras actividades criminales como el crimen organizado y el terrorismo.
«El alcance del delito ambiental es transnacional y su naturaleza es insidiosa. Despoja a los gobiernos de ingresos muy necesarios, a las personas de sus medios de vida y a las sociedades de paz y seguridad. La comunidad internacional debe apoyar un enfoque integral que sume acciones a la retórica, que implemente las políticas y aplique la ley», manifestó Jürgen Stock, secretario general de INTERPOL.
El informe reveló que algunos grupos armados no estatales y algunos grupos terroristas y redes criminales financian sus actividades mediante la explotación de los recursos naturales en las zonas en conflicto y que esto plantea una seria amenaza para la paz y la seguridad. Se estima que al menos 40% de los conflictos internos tiene alguna relación con los recursos naturales.
En algunos casos las poblaciones de bajos ingresos ven en el delito ambiental una alternativa a la pobreza. Los grupos criminales explotan sus necesidades y los utilizan para emprender actividades ilegales de caza, tala, pesca o minería.
El informe recomienda, entre otras cosas, un enfoque multidisciplinario para luchar contra el delito ambiental; un mayor intercambio de información entre los distintos sectores; prestar mayor atención a la aplicación de las políticas ambientales; y fortalecer el apoyo financiero, incluso mediante la asistencia oficial para el desarrollo.
Fuente y fotografía: ABC
