«La Junta pagará el recibo de la luz y el agua a quienes cobren el salario social». Más de dos años han transcurrido desde el anuncio realizado por el entonces vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. El objetivo era establecer, mediante Decreto-Ley, un mínimo vital de 100 litros de agua al día –tres metros cúbicos al mes– y 1.400 kilowatios al año de luz. Su coste se cifró en 20 millones de euros, pero la medida cayó en el olvido tan pronto como la presidenta, Susana Díaz, desacreditó a su segundo. Actualmente, son más de 77.000 personas las que se benefician de esta paga de 402 euros, que puede incrementarse hasta los 648 euros en función de los miembros de la unidad familiar y el avance en este sentido ha sido prácticamente nulo a nivel regional: solo una moción a propuesta de IU aprobada en octubre que defiende el acceso al agua como derecho humano. Intenciones, muchas; realidad legislativa, ninguna pese a la petición expresa del Defensor del Pueblo realizada en diciembre tras entregar un informe especial sobre pobreza hídrica.

«Dar trabajo a todo el mundo es muy complicado, pero proporcionar luz y agua es muy fácil», asegura Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Su propuesta, que ya aplican ayuntamientos como el de Medina Sidonia (Cádiz) desde 2014 o Córdoba –la aprobó en diciembre– pasa por reducir el beneficio de las compañías, ya sean públicas –el 47% en Andalucía– o privadas. «El mínimo vital lo calculamos en torno al 0,82% de nuestra facturación y repercutiría en el 3,7% de los abonados. Es una medida muy fácil de llevar a cabo que en países de nuestro entorno ya se está cumpliendo», defiende. Su modelo es la ciudad de París: la gestión del agua fue remunicipalizada y los cortes están prohibidos. Hay una ayuda social y un fondo de solidaridad de la empresa pública para hacer frente al consumo mínimo. Ese porcentaje del 0,82% que señala Aeopas supondría para una empresa de capital mixto como Emasagra (Granada), cuyos beneficios alcanzaron el pasado año los cuatro millones de euros –medio millón más que el ejercicio anterior–, unos 32.000 euros que garantizarían agua para los abonados que no pueden pagarla. Medina Sidonia fue un municipio pionero en este sentido, creando un fondo social financiado íntegramente por la empresa pública de aguas para familias en riesgo de exclusión social que lo justifiquen con un informe de los Servicios Sociales municipales. Durante el año pasado, 41 familias sin ingresos se acogieron a ella; otras 61 llegaron a acuerdos para fraccionar sus recibos, según su alcalde, Manuel Fernando Macías.

Aeopas ha remitido la misma propuesta a todos sus socios, que ahora debe ser aprobada por los consejos de administración. Las estimaciones realizadas auguran que repercutiría en 155.000 andaluces –310.000 si se contabiliza a toda la ciudadanía independientemente de la naturaleza de la gestora de aguas, que se reparten el abastecimiento de la población al 50% –.

Los beneficios de las compañías aumentan cada ejercicio: Emasesa (Sevilla), por ejemplo, cerró 2015 con un resultado positivo de 8,9 millones de euros, cuatro más que el año precedente; los de Emacsa (Córdoba) superaron los siete millones; en el Campo de Gibraltar, Argicsa, que también gestiona residuos, alcanzó los 4,1 millones.

Lo más complicado, asegura Babiano, es disponer de datos fidedignos. Tampoco el Defensor del Pueblo los maneja y por ello no pudo incluirlos en su informe especial «Servicios de suministro de agua: garantías y derechos», entregado en diciembre al Parlamento andaluz. Fuentes del Defensor sitúan en una media de veinte las quejas al año referidas a esta causa desde que comenzó la crisis. Entre ellas, recibió escritos por la actuación de la empresa de Linares (Jaén), que en 2014 envió 5.675 cartas de preaviso y realizó 2.747 cortes de suministro. «En España los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico, son invisibles», lamenta Babiano. El último informe de Cáritas sobre exclusión y desarrollo social señalaba que uno de cada cinco andaluces había recibido avisos de corte de luz, agua o teléfono, siete puntos por encima de la media nacional. Si se atiende a las personas en riesgo de exclusión, la cifra alcanza a uno de cada dos.

Una encuesta realizada por Aeopas a operadores de agua en las capitales andaluzas revelaba que en un año sufrieron cortes de agua entre 9.243 familias en la ciudad con mayor incidencia y 800 en la que menos. Unos datos referidos a 2014 que Babiano advierte que son proporcionados «voluntaria y anónimamente» por cada compañía.

A nivel nacional, se produjeron 500.000 avisos de corte de agua, de los que se ejecutaron 300.000.

Las cifras que maneja la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) –donde se integra la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos andaluza (ASA-Andalucía)– reduce a 2.400 los cortes anuales en hogares españoles por «errores» a potenciales perceptores de ayudas. «Normalmente se subsanan y se les restituye el servicio en cuanto la Administración competente se da cuenta de que esa persona tiene incapacidad de pago debidamente justificada», explican desde AEAS y puntualizan que «representan el 0,012% de los 20 millones de contratos que hay en España».

La asociación de saneamiento destaca que actualmente se benefician de ayudas el 1,2% de usuarios (unos 200.000 contratos); sobre Andalucía, aseguran no disponer de cifras concretas. En nuestra comunidad, el 47% de las gestoras del servicio de agua son públicas; el resto, operan mediante concesiones. Aqualia –propiedad de FCC–, Hidralia (Agbar) o Acciona Agua son algunas de las principales empresas.

AEAS concluye en su informe «Sostenibilidad social en el sector del agua» que se debe «garantizar el derecho humano al agua: debe ser asequible, no gratuita». Desde Aeopas, consideran que debe serlo para quien no puede asumir su coste. Los ayuntamientos y sus empresas municipales son quienes están dando los primeros pasos. Eso sí, con cuentagotas.