¿Qué información podría recibir el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, el Sr. Léo Heller, sobre los problemas vinculados en torno a la contaminación de los mantos acuíferos en México?

Se supone que el trabajo de un relato “es recopilar información y testimonios con el fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento que incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, el acceso a la información y la calidad del agua para su uso personal y doméstico.” Sin embargo, el relator sólo ha recorrido dos de los 32 estados de México, Veracruz y Chiapas.

Frente a esta situación, Gustavo Huchín, integrante del Consejo Maya de los Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu de Indigación, se dirigieron a las oficinas de la ONU para hablar sobre los problemas ambientales que trae consigo la contaminación del agua en el municipio de Hopelchén, Campeche y en la Península de Yucatán. Durante esta junta, se presentaron estudios científicos realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México –EPOMEX– y que estuvieron relacionados con la presencia de plaguicidas en agua del subsuelo y agua purificada, así como del herbicida glifosato en orina de hombres y mujeres mayas. Esta contaminación se originó por la implementación del modelo de agricultura industrial con un especial énfasis en la siembra de soya transgénica.

En palabras de Huchín, “Nuestra preocupación más grande es por la contaminación del agua por el glifosato y otros agrotóxicos, por la implementación de la siembra de soya transgénica a nivel comercial e industrial.” No obstante existen otras preocupaciones como la sequía en el municipio debido a la deforestación, la pérdida de numerosas colonias de abejas y la ausencia de cosechas en los últimos años. Además, “los estanques naturales de agua como lagunas y otras zonas bajas inundables para la captación de agua han ido despareciendo por la implementación de pozos de absorción para evitar que se inunden terrenos bajos y esto propicia la contaminación del agua de lo profundo con plaguicidas utilizados para la agricultura industrial.”

Desgraciadamente existe completa omisión en todo el país por parte de las autoridades, provocando la negligencia hacia comunidades indígenas en riesgo. En palabras del asesor legal del Consejo Maya de los Chenes, Jorge Fernández Mendiburu, existen dependencias –como la CONAGUA– que deberían ocuparse de garantizar el derecho del acceso al agua limpia y libre de contaminantes: “Eso le da insumos al relator para que en su momento haga recomendaciones fuertes sobre las omisiones que tienen las dependencias federales. […] Como realizar exigencias para que el Estado mexicano aplique medidas más estrictas.”

Por su lado, María Colín, abogada de Greenpeace, agrega que debe existir un compromiso y…

una voluntad política por parte de las instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios –COFEPRIS– en la regulación de las sustancias que se utilizan en el país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca y Alimentos –SAGARPA– quien otorga apoyos orientados a fortalecer el modelo de agricultura industrial; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT– que no ha monitoreado el impacto en el medio ambiente por el uso de estas sustancias; es urgente que haya políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar en primer instancia el uso de los plaguicidas altamente peligrosos –PAP–, que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de toxicidad, y se haga un plan de reducción y prohibición creciente del uso de agrotóxicos en México en aras de transitar hacia prácticas ecológicas.

El abandono por parte de las autoridades, menciona el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, viola el derecho humano al agua y a la salud de las comunidades indígenas mayas, ya que “pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes de la península de Yucatán, ya que el acuífero de la Península es uno sólo a interconectado.” En otras palabras, el Estado mexicano “tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua adoptando medidas para frentar la contaminación, sancionar los responsables y reparar el daño ambiental.”