La Policía Nacional tomó hace un mes la desaladora de Escombreras y este miércoles lo hizo la Guardia Civil. Un mes después del registro que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizaron en las instalaciones de la planta, donde recabaron documentación sobre la gestión económica realizada por las empresas Tedagua (del grupo ACS) y Desaladora de Escombreras SA (de la Comunidad Autónoma), efectivos de la Benemérita llevan a cabo desde primera hora de la mañana de este miércoles una inspección ocular y una toma de muestras. Les acompañan biólogos adscritos a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente de Madrid.
Según fuentes conocedoras de la investigación, varias unidades de funcionarios coordinados por la Fiscalía Anticorrupción de Murcia, dentro del área de Urbanismo y Medio Ambiente, están realizando pesquisas acerca de los aspectos sanitarios y ambientales. Una de las cuestiones que quieren aclarar las autoridades, dentro de una de las cuatro líneas de investigación abiertas sobre la desaladora en la Fiscalía y en los juzgados, es si ha habido un delito ambiental por la presencia de metales pesados o de parámetros anormales de boro y de otros elementos en el agua servida para consumo humano y para el riego de cultivos, así como otro delito contra la salud pública.
Metales pesados
Entre otras averiguaciones, la Guardia Civil quiere obtener datos sobre los niveles de metales pesados presentes en las aguas y lodos de la dársena, a través de buzos desplazados hasta Escombreras, así como sobre el funcionamiento de las instalaciones de captación de caudales.
La toma de muestras se está llevando a cabo tanto en el cajón de captación del agua como en el emisario de vertido de salmuera, la red de distribución del agua y distintos depósitos. Según las fuentes consultadas, no hay previstas detenciones sino que se va a proceder al análisis de los datos para determinar si hay que tomar algún tipo de medidas respecto a personas vinculadas al expediente.
El mes pasado, agentes de la Guardia Civil, adscritos a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, realizaron un registro en la Concejalía de Urbanismo del Consistorio cartagenero para inspeccionar los permisos condedidos por el Ayuntamiento a la desaladora. La Fiscalía investiga las posibles anomalías en la concesión de distintas autorizaciones para la construcción y funcionamiento de la planta del grupo ACS que tiene alquilada la Comunidad Autónoma.
Los agentes de la UDEF de la Policía Nacional entraron también en la Consejería de Agricultura, por orden del juzgado de instrucción número 5 de Murcia, en busca de información sobre la desaladora de Escombreras.
Los agentes de Policía Nacional también efectuaron un registro en el despacho de abogados Arnaldos&Asociados, que es el bufete del letrado Andrés Arnaldos, que presuntamente asesoró al entramado societario y llegó a ejercer como secretario de la desaladora.
Fuente y fotografía: La verdad
