Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ríos con Vida y WWF han reclamado a las administraciones que ejecuten urgentemente la sentencia dictada a finales de marzo por el Tribunal Supremo sobre especies invasoras y a proteger los puestos de trabajo después de la «histórica desidia» de la Administración.

Además, denuncian que esta desidia ha agravado las consecuencias ambientales, sociales y económicas asociadas a las especies invasoras. Por ello, ahora reclaman «responsabilidad» cuestiones que aborda el fallo judicial como son la conservación del medio ambiente y la protección del empleo en las áreas afectadas.

A su juicio, únicamente se podrá articular una solución «adecuada» a este problema si éstas ejecutan de forma correcta el fallo judicial y activan «sin dilación» un proceso de reconversión que proteja todos los puestos de empleo afectados. Las ONG señalan en un comunicado conjunto que así se lo indicaron a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, en una reunión la semana pasada en la que le pidieron medidas que permitan a las comunidades autónomas aplicar la sentencia asegurando la plena protección del empleo.

Además, recuerdan que desde hace décadas las evidencias científicas alertan sobre los efectos perniciosos de las especies invasoras para la biodiversidad, que suponen el principal problema de conservación en los medios insulares y el segundo en los medios terrestres, por detrás de la destrucción de los hábitats.

En total, se estima que los perjuicios económicos en la Unión Europea alcanza los 12.000 millones de euros anuales. Asimismo, acusan tanto al Gobierno central como a las autonomías de ser conscientes del problema pero de haber hecho «poco o nada» para abordarlos, lo que ha producido «importantes pérdidas de biodiversidad» y también el «desamparo» de diversos colectivos, cuyo medio de vida dependía de alguna manera de las especies perjudicadas. Por ello, han expresado su solidaridad a estos colectivos.

En cuanto a la sentencia, celebran que el alto tribunal apoye su decisión en informes de entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que ponga fin al «largo proceso» que comenzó cuando el Gobierno modificó el Real Decreto de 2011 sobre especies exóticas. Igualmente, estiman que el fallo avala el carácter invasor de todas las especies catalogadas y aclara que «el remiendo de leyes no ha aportado una resolución adecuada ni lo hará en el futuro».

CANGREJO DE RÍO

Una de las especies invasoras más conocidas es el cangrejo rojo. Ante esta especie, denuncia que muchas administraciones han podido tomar medidas para afrontar los efectos perniciosos de la presencia y expansión de especies invasoras conciliando la protección de los puestos de trabajo.

Así, lamentan la paradoja que algunas administraciones mantengan costosos programas de reintroducción de especies autóctonas en peligro de extinción cuya principal amenaza es la presencia de invasoras con las que compiten. «Las autoridades han optado por dar la espalda a ambos problemas.

Y su inacción y pasividad, en muchos casos, ha propiciado e incluso fomentado la introducción, la explotación y la creación de negocios y entramados económicos alrededor de estas especies», consideran.

Por otro lado, las seis ONG «rechazan las descalificaciones y amenazas vertidas» contra científicos independientes por parte de determinados sectores afectados por la sentencia y solo por cumplir con su obligación de alertar y denunciar ante los tribunales el impacto de las especies invasoras.

Igualmente, recuerdan que se han aprobado excepciones en la legislación a sabiendas del carácter invasor e impacto de estas especies sobre la naturaleza, la salud humana y la economía. Esto mismo, según aseguran, se lo han advertido en «numerosas» ocasiones al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. «No se pude perder ningún minuto más», han sentenciado las ONG que valoran que las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad y cumplir con su deber de velar por el cumplimiento estricto de la ley y atender los derechos constitucionales a vivir en un medio saludable y a un empleo de calidad.

DESARROLLO ECONÓMICO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

«El problema de las especies invasoras demuestra, una vez más, que el desarrollo económico sostenible solo es posible si se compatibiliza con la conservación de la biodiversidad», concluyen. En este contexto, el responsable de especies de SEO/BirdLife, Nicolás Jiménez, ha explicado a Europa Press que la sentencia retrotrae el Real Decreto de especies invasoras al de 2011, con el que se aprobó un catálogo de invasoras, de otras con potencial invasor y marcaba pautas a seguir en materia de comercio, posesión y red de alerta temprana.

«Era la normativa más moderna a nivel europeo» –ha comentado–, pero se derogó en 2013 al sucumbir el Gobierno «ante determinadas presiones» o pusieron disposiciones transitorias al primer real decreto. De este modo, ha explicado que el papel de las ONG ha sido recordar que varios artículos incumplían la legislación y los cambios propuestos entran en contradicción con el mantenimiento de la biodiversidad en España y de los puestos de trabajo.

Por ejemplo, ha comentado que se eliminó del catálogo al cangrejo rojo o a la trucha arcoiris, entre otras especies como el visón americano.

«Las especies invasoras están causando daño al país», ha advertido Jiménez, que ha recordado el caso del jacinto de agua, que provoca daños millonarios en Extremadura, o el cangrejo, que lleva «miles de millones de euros» de daños en muchas comunidades autónomas. En esta misma línea, ha criticado que las administraciones hayan mirado hacia otro lado y han hecho oídos sordos, para terminar legalizando aquello con lo que se tenía que acabar.

«Creemos que la sentencia del Supremo es firme y da la razón a la legislación de conservación de la naturaleza y a las ONG de modo que ahora tienen que desarrollar los planes adecuados tanto el Gobierno central como las Comunidades Autónomas y velar por dar alternativas a todos los que se hayan visto afectados, que no son los culpables de la dejación de funciones de las administraciones», ha sentenciado Jiménez.

Fuente: Econoticias