Viéndolo disfrazado de cebra mientras canta «rock ortopédico» con su grupo Conjunto Musical es difícil de imaginar, pero el ecólogo Miguel Cañedo-Argüelles lidera un incipiente movimiento científico para evitar un desastre medioambiental a escala planetaria. El investigador español encabeza hoy un llamamiento en la revista Science, templo de la ciencia mundial, para exigir leyes internacionales contra la salinización de los ríos, un fenómeno sorprendentemente descuidado que amenaza los cursos de agua.
“El tema de la sal no está legislado. No existen unos límites legales de sal claros para proteger a la fauna y a la flora de los ríos”, lamenta Cañedo-Argüelles, de la Universidad de Vic. Su artículo, firmado por otra veintena de científicos de ocho países, señala que las actuales normativas de calidad del agua —incluida la de la UE— regulan la concentración de sales, pero solo con el objetivo de que sea potable y apta para el riego, sin tener en cuenta los daños a la biodiversidad. Algunos ríos y lagos, por culpa de actividades humanas como la agricultura o la extracción de gas y carbón, están demasiado salados para sus animales y plantas. La vida desaparece.
En España, explica Cañedo-Argüelles, estos efectos nocivos se aprecian con claridad en la comarca del Bages (Barcelona), donde los residuos de las minas de potasa de la empresa Iberpotash han creado montañas, literalmente, de millones de toneladas de sales que suponen un problema de “salud pública”, según la UE. La salinización afecta al río Llobregat, fuente de agua para la población de la región metropolitana de Barcelona. La Comisión Europea investiga a Iberpotash—filial del gigante israelí ICL dedicada a la obtención de potasa para fertilizantes agrícolas y usos industriales— por presuntos incumplimientos de las leyes europeas sobre calidad de agua.
La Agencia Catalana del Agua, subraya Cañedo-Argüelles, “ha gastado 200 millones de euros para remediar los impactos ambientales de Iberpotash”, como la salinización de los ríos Llobregat y Cardener. En la comarca del Bages, las montañas de residuos de las minas de potasa son más altas que las auténticas montañas. “Son 200 millones de euros que hemos gastado los ciudadanos, de nuestros bolsillos”, remacha el ecólogo.
También hay problemas de intrusión salina en el delta del Ebro y muy probablemente en Asturias, según destaca el autor, por las minas de carbón. “En América Latina no se han reportado muchos casos, pero porque no se han estudiado, no porque no existan. Aunque un estudio reciente hablaba de grandes cantidades de sal en el Amazonas debido a la extracción de minerales a lo largo de la cuenca”, añade Cañedo-Argüelles.
“Hasta ahora se ha enfocado el tema del agua desde el punto de vista del consumo humano, pero hay que pensar también en los daños de la salinización a los ecosistemas: los peces, los insectos de los ríos”, sostiene el investigador español. Un agua con más sales conduce mejor la electricidad, así que las autoridades miden la conductividad eléctrica del agua para estimar su salinidad. Una medición de dos milisiemens por centímetro (la unidad empleada) es aceptable para beber y regar, “pero puede eliminar muchas especies de insectos de agua dulce”, según denuncian los científicos en Science. Estos insectos son los encargados de digerir el material vegetal presente en los ríos y son una fuente de alimento para el resto de animales. Sin ellos, la biodiversidad se descuajaringa.
Cañedo-Argüelles y sus colegas advierten de que las pocas regulaciones que ya limitan la salinidad con criterios ecológicos, como las de EE UU y Australia, “son insuficientes”. Estas normativas citan concentraciones de sal recomendadas, pero un mismo total de sales puede tener efectos muy diferentes en dos ríos, en función de su composición concreta. Las inmensas montañas de residuos de la comarca del Bages son básicamente de cloruro sódico (la sal común con la que cocinamos), pero también intervienen otros compuestos. “Queremos una legislación que fije límites específicos para sales de potasio, de magnesio, de calcio”, enumera el ecólogo.
Canadá y EE UU son los únicos países del mundo que identifican concentraciones de un compuesto específico —los cloruros— por encima de las cuales la biodiversidad de un río se ve golpeada. “Globalmente, las concentraciones de otros iones, como el magnesio y el bicarbonato, siguen sin regularse pese a su potencial toxicidad”, alertan los investigadores, entre los que se encuentra el ecólogo James Lazorchak, de la Agencia de Protección Ambiental de EE UU.
Los autores proponen, entre otras medidas, un sistema de comercio de sales, similar al que ya existe entre las empresas que emiten CO2, gas responsable del calentamiento global. Las compañías tendrían un límite de toneladas de sales para verter y si no llegaran a su tope podrían vender sus derechos de emisión. El sistema está dando resultados prometedores en Australia. “No podemos obviar el impacto económico de estas empresas y su creación de puestos de trabajo, pero que asuman sus responsabilidades ambientales”, zanja Cañedo-Argüelles.
Fuente y fotografía: El País
