BTG está vendiendo todas sus participaciones no estratégicas a marchas forzadas, después de que su ya expresidente y exconsejero delegado, André Esteves, fuera detenido por su implicación en el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras. Ese elemento ha jugado en contra de la valoración de la sociedad (que consta en los resultados de 2015), a la que se suma la complicada situación en la que se encuentra la concesión, amenazada con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que considera que el concurso debe repetirse, y a la espera de que el Tribunal Supremo dicte una sentencia definitiva.
La Generalitat admite que, de revocar el concurso, debería pagar a los accionistas del consorcio 326 millones de euros, aunque Acciona (que ahora controla el 78% de la concesionaria) reduce esa contraprestación a 295,9 millones de euros para el conjunto de los accionistas. El cobro de esa cantidad iría en paralelo, previsiblemente, con una demanda a la Administración autonómica por daños y perjuicios.
Lo pagado en diciembre por la familia Entrecanales reduce considerablemente el valor de la concesionaria pero asegura a Acciona una alta rentabilidad incluso en el caso de que le retiren la concesión y le paguen una indemnización. Si eso hubiera sucedido ya, BTG Pactual hubiera podido ingresar 115 millones de euros —su parte la cobrará el grupo constructor español— y en cambio solo ha ingresado 70 millones de euros por la venta de las acciones. Algunas fuentes cuestionan que si hay una sentencia que obligue a anular el concurso el Gobierno catalán tenga que asumir indemnizaciones.
Aguas Ter-Llobregat —la empresa encargada de gestionar el agua entre las cabeceras de los ríos y los municipios, cuando las sirve a las empresas suministradoras— está en los juzgados desde pocos días después de su adjudicación, a causa de una denuncia de Agbar, que perdió el concurso, y una resolución contraria a la adjudicación dictada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat.
La operación de BTG Pactual cerrada en diciembre contrasta con otra que realizó el mismo año, cuando se quedó un paquete de las acciones de la gestora de los túneles de peaje de Vallvidrera y Cadí. En aquel caso, el banco ganó 86,9 millones de euros, multiplicando 2,46 veces la inversión inicial que hizo para asumir la compañía.
Fuente y fotografía: El País
