Era una vieja reivindicación de las entidades sociales y la Generalitat ha recogido el guante. El anteproyecto de la futura ley del cambio climático que aprobó el Ejecutivo de Carles Puigdemont incluye garantizar un mínimo vital de agua y electricidad para los catalanes. ¿Cuánta agua, energía y gas es necesario para vivir cómodamente? La respuesta la tienen el Gobierno catalán y los entes locales, que serán los encargados de fijar las cantidades. No es el único interrogante de la medida. Aún no está claro cuál será el rol de las empresas suministradoras, en el centro de las críticas de quienes les reprochan poca sensibilidad.
“El cambio climático puede traer más olas de calor, sequía y olas de frío que pueden afectar muy directamente a las personas más vulnerables”, defiende Marta Subirà, secretaria general de Medio Ambiente y Sostenibilidad. El anteproyecto establece una garantía de acceso a los recursos básicos mediante tarifas sociales “con precios reducidos o gratuitos” para la población en situación de pobreza y riesgo de exclusión.
Las condiciones y la metodología para establecer el mínimo vital, que se fijarán por reglamento, recaerán en los departamentos de Territorio, Empresa y Trabajo y Asuntos Sociales una vez se apruebe la ley. En septiembre de 2014, la Mesa del Tercer Sector y la Alianza contra la Pobreza Energética ya habían hecho una propuesta: 100 litros de agua por persona/día y 2.000 kilovatios hora anuales, dejando un margen para la eficiencia energética de la vivienda y posibles emergencias climáticas. Esta idea la llevaron las entidades a la Mesa sobre la Pobreza Energética, un grupo de trabajo que no se reúne desde hace más de un año a pesar de la insistencia del Gobierno catalán sobre la prioridad de esta emergencia.
Presión a las empresas
La literatura científica es extensa respecto a cuánto debería ser este mínimo. En el 2000, Naciones Unidas fijó 20 litros de agua al día como el límite básico para garantizar la limpieza de los alimentos y la higiene básica. El mínimo vital de tres metros cúbicos mensuales defendido por las entidades es aceptado por la comunidad internacional y es casi similar al consumo medio que realiza un vecino del Área Metropolitana de Barcelona, según datos de Agbar. El año pasado el promedio fue de 101,1 litros diarios.
Ecoserveis—ABD, otra de las entidades implicadas, hace unos cálculos más conservadores respecto al mínimo de energía. Tienen en cuenta los servicios energéticos eléctricos (la iluminación, por ejemplo), como los no eléctricos (la cocción de los alimentos) de un hogar de cuatro miembros. Dependiendo de si la tecnología es convencional o eficiente, creen que la horquilla va entre 1.752 kilovatios hora por año y los 307 kWh anuales. Los datos de Hábitat3, el programa de vivienda social de la Mesa del Tercer Sector, sirven para conocer cuánto gasta una familia vulnerable en suministros. El promedio bimestral es de 148 euros.
En la puesta en marcha del mínimo vital las empresas suministradoras tendrán mucho que ver. Subirà acepta que el mecanismo tendrá que dialogarse con ellos, algo que desde las entidades sociales miran con reservas. Hasta ahora la Generalitat no ha sido capaz de hacer que las empresas colaboren con el fondo de la pobreza energética. Argumentan que ya adelantan programas de ayuda propios. Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector, pide “más presión a las suministradoras, que han mostrado insensibilidad”. La tarea del departamento de Territorio será lograr arrancar un compromiso con el mínimo vital, mucho más ambicioso que el del actual modelo de negociación para que las empresas colaboren.
Fuente y fotografía: El País
