El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha tomado declaración a nueve de los detenidos en la Operación Frontinio sobre supuesto soborno a funcionarios de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) a cambio de adjudicaciones públicas de obras hidráulicas.
Sólo dos de los detenidos han prestado declaración ante el juez central de instrucción 6, mientras que los otros siete se han negado a responder a las preguntas del juez y la fiscal ya que se han acogido a su derecho a no declarar.
La Fiscal Anticorrupcióndel caso, Inmaculada Violan, ha solicitado que ingresen en prisión provisional los once detenidos por la Guardia Civil y que han declarado por ahora en la Audiencia Nacional. Para tres de ellos ha pedido su prisión incondicional, mientras que para el resto la medida cautelar sería eludible con el pago de fianzas.
Las declaraciones de los 13 primeros detenidos en la Operación Frontino de la Guardia Civil se ha suspendido para comer. El juez central de instrucción 6 retomará los interrogatorios a las 16:30 horas.
Está previsto que comparezcan esta tarde el director general de la empresa pública Acuamed, Arcadio Mateo, cesado este martes tras su detención, y el delegado en Valencia, Pablo Martín.
Delitos de corrupción de funcionarios
La causa está abierta por los delitos de fraude, falsedad en documento público, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
Entre los detenidos que ya han comparecido ante el juez figuran la directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, María Gabriela Mañueco, quien también fue cesada este martes por el Gobierno.
Además, han comparecido otros detenidos como el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado Fernández, y el director general de Infraestructuras de Acciona Infraestructuras en España, Justo Vicente Pelegrini.
También han sido puestos a disposición del juzgado Nicolás Steegmann López-Dóriga, presidente la empresa Altyum Proyectos y Obras y el empresario Manuel Moreno Maestre, quien a su vez es investigado en el caso Marismas por una supuesta emisión de facturas falsas a través de sus empresas Pipeline y MECI.
Se investigan adjudicaciones de obras a las constructoras por importe de 200 millones de euros en las diversas cuencas mediterráneas. Entre ellas, la retirada de lodo tóxico del Embalse de Flix (Tarragona) por parte de FCC; la construcción de las desaladoras de Torrevieja y de Baja Almanzora, entre otros concursos públicos.
La investigación fue abierta a raiz de una denuncia presentada en 2014 por un exdirectivo de la empresa, Francisco Valiente.
