La Guardia Civil ha investigado a 6 personas como presuntos autores de un delito contra la fauna, por la tenencia, tráfico y comercialización de especies protegidas, y ha intervenido más de 200 ejemplares de varias especies incluidas en el Convenio CITES de Especies Amenazadas.
La operación “Taxideralia” contra el tráfico ilegal de especies protegidas se ha desarrollado desde el mes de mayo de 2018 por parte de las Patrullas de Protección de la Naturaleza (PAPRONAS) de Monóvar y Alicante, y ha culminado con la investigación de seis personas como presuntas autoras de varios delitos contra la fauna y la flora (tráfico y comercialización de especies protegidas).
Una actividad criminal grave
El tráfico de vida silvestre es una actividad criminal grave, que ocupa el cuarto lugar en la escala mundial, solo por detrás del tráfico de drogas, las falsificaciones y el tráfico de seres humanos. Se ha convertido en una de las actividades ilícitas organizadas más lucrativas a nivel mundial. Si bien su magnitud es difícil de cuantificar, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) e INTERPOL, estiman que el mercado negro asociado al tráfico de especies silvestres asciende a 90.000 millones de dólares al año. Constituye además una grave amenaza para la seguridad, la estabilidad política, la economía, los recursos naturales y el patrimonio cultural de muchos países y regiones.
Afecta tanto a especies de fauna como de flora, muchas de ellas amenazadas de extinción. Por citar sólo algunos de los ejemplos más dramáticos, cada año se trafican 1,5 millones de aves vivas y 440.000 toneladas de plantas medicinales y se matan más de 100 tigres, 1.000 rinocerontes, 30.000 elefantes y alrededor de 100.000 pangolines.
España juega un papel clave
España, por su ubicación geográfica y su relevancia en el comercio europeo y mundial, puede jugar un papel muy importante en la lucha contra el tráfico de especies silvestres a nivel mundial. Por eso, en 2018 se aprobó el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres, convirtiéndose España en el primer país de la UE que adapta al contexto nacional el Plan de Acción de la Unión Europea contra el tráfico ilegal de especies y el furtivismo.
Se trata de un compromiso acordado y firmado por hasta 5 Ministerios (Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Hacienda y Función Pública y Ministerio para la Transición Ecológica), más el Servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía de General del Estado.