La minería del carbón cierra en España. El pasado 31 de diciembre se cumplió la fecha tope para que las explotaciones que recibieron ayudas para el fin de su actividad las devuelvan, si quieren continuar extrayendo carbón, una intención que hasta el momento sólo han expresado dos empresas, de las 26 que operaban hasta el momento.
La lenta agonía del carbón se constata en cifras y, según un análisis del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), el número de trabajadores de la minería ha pasado de casi 30.000 en 1994 a poco más de 2.000 en octubre de 2018.
La caída de la producción también ha sido drástica y su valor representó en 2016 sólo el 2,9 % del total del sector minero y un 0,007 % del PIB nacional.
La supervivencia de las minas de carbón en los últimos años ha dependido de las ayudas al cierre concedidas en el marco de la Decisión 2010/787 de la UE, que estableció que las explotaciones no competitivas podrían recibir subvenciones para cubrir las pérdidas de la producción corriente y costes excepcionales, a cambio de cerrar, como muy tarde, en diciembre de 2018.
Casi todas las explotaciones españolas, en concreto 26 unidades de producción pertenecientes a quince empresas mineras, se acogieron a ese plan de cierre y las que quieran continuar con la actividad extractiva de carbón tendrán que devolver las ayudas recibidas.
Hasta ahora sólo Samca, en Ariño (Teruel), e Hijos de Baldomero García, en Caboalles de Arriba (León), han mostrado su intención de continuar extrayendo carbón y, según dijo el pasado miércoles el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se están “explorando mecanismos y planes” para la devolución de ayudas que exige la UE.
En Asturias CCOO y UGT han alcanzado un principio de acuerdo con la empresa pública Hunosa que contempla el mantenimiento de la actividad en el pozo San Nicolás y la clausura de los de Carrio y Aller en un plazo de dos años.
Asturias es, junto a las comunidades de Castilla y León y Aragón, la más afectada por el fin de la minería del carbón, pues, de las doce explotaciones que había abiertas a finales de 2017, ocho estaban situadas en esa región, mientras que en Castilla y León y Aragón había dos en cada una.
Para buscar una salida a esas zonas, con gran dependencia de la minería del carbón, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de diciembre un real decreto ley de medidas urgentes para una transición justa, que incluye destinar 100 millones de euros en 2019 a políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático, prejubilaciones, bajas incentivadas y la creación de una bolsa de trabajo.
No sólo España ha llevado a cabo planes de cierre para las minas de carbón, también Polonia, Rumania y Alemania, país este último donde el pasado 21 de diciembre se clausuró el pozo de Bottrop, el último que seguía funcionando en la cuenca del Ruhr.
