La Cumbre del Clima de Katowice (COP24) afronta esta semana la ronda final de unas negociaciones que deben establecer una hoja de ruta hacia los compromisos del Acuerdo de París de 2015, un debate en el que países desarrollados y en desarrollo tendrán que superar sus diferencias para afrontar juntos el cambio climático.
En 2015, la COP21 se cerró con el histórico Acuerdo de París, donde casi 200 países se comprometieron con el objetivo de mantener el calentamiento global a final de siglo por debajo de 2º centígrados sobre los niveles preindustriales y, si es posible, por debajo de los 1,5º.
El Acuerdo de París entrará en vigor en 2020, por lo que la COP24 tiene la tarea crucial de lograr que los países acuerden unas reglas para implementar los compromisos marcados en París, ya que cualquier retraso podría demorar su aplicación, algo que para la comunidad científica tendría efectos catastróficos para el planeta.
El Acuerdo de París establece que cada país puede proponer sus propios objetivos de reducción del cambio climático, lo que se llama Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC, por sus siglas en inglés).
Es fundamental, sin embargo, que en Katowice se llegue a un compromiso sobre esos objetivos y, muy importante, sobre cómo permitir que la comunidad internacional los pueda monitorizar.
La financiación de las medidas
En Katowice se deberían establecer las reglas para que los países más desarrollados ejecuten el compromiso de París de aportar 100.000 millones de dólares estadounidenses al año para programas climáticos.
Los países en desarrollo quieren tener garantías claras sobre el dinero con el que podrán contar y en qué forma lo recibirán, y defienden que cuánto más claro esté esta ayuda, más podrán profundizar en medidas contra el cambio climático.
La Unión Europea (UE) y el Banco Europeo de Inversión son quienes más fondos aportan hoy por hoy a la lucha contra el cambio climático, y en 2017 desembolsaron 20.400 millones de euros.
Otra cuestión espinosa son las Contribuciones Nacionales, ya que los países en desarrollo quieren estar sujetos a reglas menos estrictas que los desarrollados, mientras que éstos quieren unas reglas comunes para todos.
En esta línea, países como Noruega y Estados Unidos se han opuesto a volver al antiguo sistema en el que se establecen dos niveles de responsabilidad a la hora de asumir e informar sobre la acción climática.
Por su parte, Arabia Saudí, Irán o China lideran el grupo que pide la máxima flexibilidad para los países en desarrollo.
